VALENCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, manifestó hoy que un posible cambio en el anteproyecto de ley del Aborto para introducir la recomendación del Consejo de Estado de que las menores de edad informen a sus padres sobre su decisión de abortar es una decisión que corresponde al Gobierno de España, y luego al Parlamento, que deberá aprobar la norma, al tiempo que expresó su deseo de que puedan "acercarse posturas" y de que el texto que al final salga adelante "no cree tanta división como ocurrió en el CGPJ".
De Rosa, que se pronunció de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación tras clausurar el V Congreso Tributario, celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, señaló, respecto al informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley del aborto, que todos los dictámenes de este órgano son "impecables en su papel de asesoramiento del Gobierno y, por tanto, habrá que estar a la propuesta que efectúe el Ministerio de Justicia al Congreso de los Diputados".
El responsable del CGPJ recordó que en el seno de este órgano "no pudimos adoptar una postura" sobre el anteproyecto "ya que hubo un grupo de vocales que consideró que no se ajustaba a la constitucionalidad y otro grupo que consideró que sí", a la vez que remarcó que el Gobierno "tiene ya el informe del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y ahora del Consejo de Estado", y en estos momentos "su labor es presentar ante la sociedad esta cuestión".
En este punto, expresó su deseo de que el texto definitivo que se elabore y finalmente se apruebe "no cree tanta división como ocurrió en el CGPJ". "Esperemos que puedan acercarse posturas y que no se entre en un debate que al final es muy complejo para la sociedad", apostilló.
Preguntado sobre la recomendación del Consejo de Estado de que las menores de edad informen a sus padres sobre su decisión de abortar, apuntó que tanto el Consejo Fiscal, como el CGPJ y ahora el Consejo de Estado "han incidido en unas cuestiones que debiera el Gobierno replantearse esa cuestión", si bien remarcó que todos los informes que han elaborado esos órganos no son vinculantes sino de "asesoramiento al Gobierno", por lo que la decisión final de cambiar el texto corresponde "absolutamente" al Ejecutivo de España, "y luego, en definitiva", al Congreso de los Diputados y al Senado.
