VALNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se encuentra a la espera de los informes jurídicos correspondientes para tomar decisiones tras la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Ribera para la adquisición de las acciones de DKV en Marina Salud y subraya que esa resolución se centra en su ámbito competencial y no entra a valorar los efectos de la ley valenciana de salud.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha comunicado a la Conselleria de Sanidad que la autorización que ha emitido este organismo estatal respecto a la operación de compraventa de acciones en la empresa concesionaria del departamento de salud de Dénia "lo es a efectos de la legislación en materia de defensa de la competencia, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa vigente que pueda resultar de aplicación, como la normativa sectorial de carácter autonómico a la que hacen referencia en su escrito".
Al respecto, según Sanidad, la CNMC señala que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se centra en su ámbito competencial y no entra a valorar la normativa valenciana de salud.
La normativa a la que se refiere la CNMC es el artículo 7.3 de la ley 10/2014 de salud de la Comunitat Valenciana, que limita la concentración de acciones en los titulares de los contratos de gestión de las concesiones sanitarias.
En este sentido, la CNMC insiste en que la decisión que ha adoptado "es independiente de la existencia de otras normativas y disposiciones que puedan ser de aplicación", según ha indicado la Conselleria de Sanidad en un comunicado.
La CNMC responde de esta forma a la comunicación remitida por la Conselleria de Sanidad en un escrito enviado el 31 de agosto en el que la Administración sanitaria valenciana puso en conocimiento del organismo regulador estatal el artículo 7.3 de la ley 10/2014 de salud de la Comunitat Valenciana y sus efectos.
De acuerdo con ello, la Conselleria de Sanidad se encuentra a la espera de los informes jurídicos correspondientes para "tomar las decisiones que sean de aplicación en la defensa del ordenamiento jurídico valenciano y de los intereses generales de la ciudadanía valenciana".
