VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Siete de los detenidos en el marco de la denominado Operación Taula han pasado a disposición judicial en la tarde de este miércoles, entre ellos el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón, que precisamente fue también detenida y la primera en prestar declaración ante el juez.
Ante una gran expectación mediática, a las 18.44 horas han llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia un total de siete coches de la Guardia Civil, en los que viajaban siete de los detenidos, en la parte trasera y agachados. Los arrestados han pasado a disposición judicial a las 19.30, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
Además de Serra, García Fuster y Vicente Burgos, se encuentran también en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia dos arquitectos, el exasesor del Ayuntamiento de Valencia Pedro Aracil y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha reanudado así la declaración de los detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Por cuestiones de organización de todos los intervinientes en esta operación, el juzgado tomará declaración a las 23 personas que permanecen detenidas, siete de los cuales ya han pasado a disposición judicial, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.
La primera en pasar a disposición judicial, en la noche del martes, fue la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, que quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros aunque en calidad de investigada --la nueva denominación de los imputados-- por varios delitos y se decretó el embargo de sus bienes como medida cautelar.
