VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido a todas las consellerias, a las tres diputaciones provinciales y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la región para solicitar datos detallados sobre los dispositivos de atención a las mujeres víctimas de maltrato y a sus hijas e hijos, para así elaborar un informe para las Corts sobre la red de atención integral a la violencia de género.
Asimismo, en el ámbito de la investigación, esta institución ha solicitado la colaboración de los agentes sociales y asociaciones de mujeres, profesionales de los equipos de atención, así como mujeres usuarias que trabajan en la Comunitat Valenciana en la protección de las víctimas y erradicación de la violencia de género, según ha apuntado la oficina del Síndic en un comunicado.
La información recabada servirá para que el defensor del pueblo valenciano pueda evaluar la respuesta que las distintas administraciones públicas vienen prestando para la atención, protección e inserción de las víctimas de la violencia de género.
Los resultados de esta investigación, así como las conclusiones y recomendaciones correspondientes, serán presentados a las Corts a modo de informe especial para que éstas tengan un conocimiento pormenorizado de esta realidad y puedan hacer uso del mismo en su actividad parlamentaria.
En 2005, el Síndic de Greuges hizo público el primer informe en el que se analizaba esta problemática, ofreciendo una serie de recomendaciones a las carencias detectadas.
Durante este periodo de tiempo, "ha habido avances tanto en el marco normativo como en la creación de mecanismos y dispositivos de atención a las víctimas de violencia de género y en las actuaciones dirigidas a sensibilizar y concienciar a la sociedad", según el comunicado.
Sin embargo, "las cifras en general y el número de víctimas en particular obligan a seguir trabando con firmeza para acabar con esta lacra social que sigue cercenando la vida de tantas mujeres".
Desde la oficina del Síndic han señalado que "la persistencia de esta violencia es un escollo grave para la protección de los derechos humanos más elementales. Los poderes públicos --han destacado-- no pueden rehuir su responsabilidad a la hora de garantizar la integridad física y moral de las mujeres y sus hijos víctimas de esa violencia".
