Transportes adjudica por 17,8 millones un contrato para conservar 156 kilómetros de carreteras en Alicante

   ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 17,8 millones de euros, IVA incluido, un contrato para la conservación y explotación de 156 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Alicante. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos anualidades y otra adicional de un máximo de nueve meses.

   El contrato incluye requisitos para "promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones" y se enmarca en el programa de este departamento del Ejecutivo para "mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad" en la Red de Carreteras del Estado (RCE), con el fin de "asegurar que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos".

   Además, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

   De esta manera, los trabajos se destinarán al mantenimiento y conservación de carreteras del sector número tres de la provincia de Alicante, que incluye 78,3 kilómetros de autovía.

   Las carreteras incluidas en este sector son la AP-7 desde el límite provincial con Valencia en el kilómetro 600 hasta El Campello en el kilómetro 674, la A-70 a la altura de El Campello entre los kilómetros cero y cinco y la N-332 entre El Campello y Els Poblets. Junto a estas, el contrato también contempla la rehabilitación superficial del firme de la carretera N-332, del kilómetro 149,36 al 152,36.

   Este contrato se suma a otro adjudicado por 12 millones de euros para la conservación de 136 kilómetros, también en la provincia de Alicante, para el sector número cuatro.

"REDUCCIÓN DE EMISIONES"

   Por otro lado, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de "mitigación y compensación de la huella de carbono".

   Por ello, las empresas "deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera".

   Además, en el año 2022 se incorporaron medidas de "eficiencia energética" en las instalaciones de servicio, como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

   Y desde el año 2023, según el Ministerio, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de "alcanzar el balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato".

   De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción recogidos en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o mediante otras opciones.

   Así, la finalidad que se persigue es la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, "genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación" de la RCE y "refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido" este ministerio.

CARACTERÍSTICAS

   En cuanto al modelo de contratos mixtos para la ejecución de operaciones de conservación y explotación, se busca "ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos".

   A través de ellos, se realizan trabajos de "ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras", con el objetivo de "permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles".

   Se incluyen actuaciones como la agenda de información de estado y programación, la "ayuda" a la explotación y los estudios de seguridad vial y el mantenimiento de los elementos de la carretera con "adecuados niveles de calidad".