VALENCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de diputados de Compromís a acceder al acta de la reunión del Consell constituido como Junta General de Radio Telelevisión Valenciana (RTVV) del 7 de noviembre de 2013, al tiempo que condena en costas a la administración al considerar que se vulneró el derecho contemplado en el artículo 23 de la Constitución de participación de los ciudadanos en asuntos públicos.
En el fallo, hecho público este domingo por Compromís, se estima el recurso interpuesto contra el anterior Consell del PP por la diputada de la coalición --hoy vicepresidenta del Gobierno valenciano-- Mònica Oltra ante la negativa del Ejecutivo autonómico de entregar la documentación solicitada, es decir, una copia del acta de la reunión que sirvió para "acelerar" el cierre del canal público de radio y televisión, subrayan desde la coalición.
La sentencia --de fecha 14 de julio y contra la que cabe recurso de casación-- cita jurisprudencia anterior sobre la denegación de información a los parlamentarios y considera que en este caso no se ha dado "razón alguna que justifique la negativa a facilitar dicha información, porque ciertamente si dicha razón es justificada podría prevalecer a no ser ilimitado el derecho a la información de los diputados".
"Sin embargo, --prosigue-- y tal y como declaró el Tribunal Supremo, no queda tampoco al criterio de la Generalitat Valenciana establecer, mediante la definición de sus límites, dicho derecho o, lo que es lo mismo, la existencia de impedimentos jurídicos que hacen improcedente atender la solicitud de información".
Tras conocer la resolución judicial, la diputada de Compromís Isaura Navarro ha explicado que, "en respuesta a la petición de documentación que en diciembre de 2013 realizó Mònica Oltra al Consell para tener acceso al acta de la Junta General de RTVV, el entonces vicepresidente, José Císcar, remitió a Compromís un certificado realizado al efecto, en el que no se hacía constar las cuestiones básicas que la normativa exige para una acta, al no contener ni los miembros asistentes, ni su voto, ni el contenido de los acuerdos alcanzados. Por eso recurrimos al TSJ, que ahora nos da la razón".
"Esta Junta General de RTVV fue de gran importancia porque en ella se designó un nuevo director general y nuevos consejeros y se produjo después de que ese mismo día el gobierno valenciano aprobara un Decreto Ley para recuperar el control del ente público, una serie de decisiones tomadas para acelerar el cierre de RTVV", añade.
Navarro recuerda, en un comunicado, que "el gobierno del PP en ese momento había perdido el control sobre los informativos del ente público y quería detener lo más rápidamente posible las emisiones en las que por primera vez los periodistas de RTVV estaban informando en libertad. De esta manera la actuación del gobierno del PP en el cierre de RTVV se convirtió en una gran chapuza".
"EMBROLLO JURÍDICO"
"Así comenzó el gran embrollo jurídico que ahora se tiene que deshacer para que los valencianos y valencianas volvamos a tener una radio y televisión pública en valenciano que garantice nuestro derecho a la información".
"El entonces Vicepresidente Císcar nos remitió un certificado pero no nos facilitó el acta con la que queríamos saber cuáles fueron los asistentes del Consell a esa Junta, qué votó cada uno, donde se reunieron ... la información básica que debe figurar en un acta. La denegación de la información de algo tan sencillo como el acta de una reunión nos hizo preguntarnos qué irregularidad estaba escondiendo el gobierno del PP", agrega Navarro.
