MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado por amplia mayoría aplazar hasta comienzos del año 2020 la Asamblea General Extraordinaria en la que someterá a votación de los socios una nueva propuesta de Estatutos de la sociedad tras haber recibido un nuevo requerimiento de la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a petición de un socio de la SGAE (en representación de tres editoriales multinacionales), con fecha del 11 de septiembre.
Con 32 votos a favor, tres abstenciones y ningún voto en contra, la Junta Directiva ha acordado así aplazar la asamblea prevista en un primer momento para el 3 de octubre y atrasada nuevamente al 15 de octubre para dar luz verde a los nuevos estatutos, necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor desde el pasado mes de marzo.
Este requerimiento ha sido analizado por los servicios jurídicos de la sociedad, que ha determinado que no se darían las garantías jurídicas necesarias para la celebración de la Asamblea dada la "paradoja legal generada por el requerimiento del Ministerio de Cultura".
La Junta Directiva también estudia la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo contra este requerimiento al considerar que empuja a la entidad a incumplir el artículo 27 de los Estatutos, que establece que los socios que hayan solicitado la baja pierden su derecho a voto, y que la entidad considera legal y ajustado a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones.
Otro de los argumentos jurídicos en los que se basará el recurso es la supuesta injerencia del Ministerio, al considerar que con el citado requerimiento ha excedido sus competencias de tutela.
La entidad cuenta en este proceso con el asesoramiento del letrado José Ángel Castillo, magistrado en excedencia y socio y codirector del departamento de Derecho Público del despacho de abogados Aguayo-Ejaso, el mismo que presentó las alegaciones a la petición de intervención judicial por parte del Ministerio de Cultura este mismo año, intervención que fue denegada por la Audiencia Nacional.
Según el criterio "estrictamente jurídico" de Castillo, "este requerimiento incurre en una extralimitación de las funciones de tutela y fiscalización que la Ley de Propiedad Intelectual le atribuye al Ministerio de Cultura en relación a la SGAE y, además, afecta al poder de auto organización de una asociación privada".
Con este aplazamiento, la Junta Directiva pretende evitar "la situación de inseguridad jurídica generada por el requerimiento del Ministerio, salvando cualquier riesgo de que la votación de los nuevos Estatutos pudiera ser declarada nula, ya que la aprobación de los mismos es de vital trascendencia para la entidad por suponer la adaptación de sus Estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual".
Según defienden los técnicos de la SGAE, la entidad tiene dos opciones: no cumplir sus estatutos vigentes podría llevar a una impugnación de la Asamblea por parte del resto de los socios; mientras que cumplirlos podría desencadenar acciones por parte del Ministerio de Cultura de graves consecuencias para la entidad, tal y como se desprende de su escrito.
Al aplazarse la Asamblea General Extraordinaria a principios de 2020, quienes finalmente no hayan ejecutado la baja en el último semestre de 2019 seguirán formando parte de la entidad, disipándose de esta forma cualquier duda en relación a los derechos legal y estatutariamente reconocidos a los socios de SGAE.
PIDE NEUTRALIDAD Y RESPETO AL MINISTERIO
Más allá de los argumentos legales, la Junta Directiva de la SGAE ha lamentado que el Ministerio de Cultura no esté adoptando una posición de "neutralidad y respeto" a los procedimientos de la SGAE, a la que solicita que apruebe con urgencia los nuevos Estatutos "al tiempo que introduce dificultades serias para que el proceso de aprobación se desarrolle con normalidad".
En este sentido, ha tendido la mano "una vez más" al Ministerio y ha expresado su deseo de "colaborar en un marco de respeto mutuo, lealtad institucional y búsqueda de iniciativas comunes que redunden en beneficio de la entidad, sus socios y los autores españoles en general".
Ante esta situación, ha pedido disculpas a los socios por este aplazamiento, "al que se ha visto abocada para proteger su derecho a una Asamblea General Extraordinaria con todas las garantías, puestas en cuestión por el requerimiento ministerial".
De igual manera, ha reiterado su compromiso con los autores y con la gestión colectiva de sus derechos, justamente en el año en que se cumple el 120 aniversario de la entidad. Una ocasión que, según ha destacado, debe servir "para abrir una nueva etapa en la defensa de los derechos de los autores en un contexto como el actual, donde la globalización y el auge de lo digital va a requerir unidad, esfuerzo y cooperación por parte de todos los actores comprometidos con la cultura en España".
