MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, defendió hoy las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de E.ON sobre Endesa, a pesar de que Bruselas ha pedido al Gobierno español que las suprima por ir en contra de la legislación comunitaria, y añadió que el Ejecutivo está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico en el país.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez Piñero indicó que la Comisión Europea sólo tiene competencias exclusivas en materia de libertad y movimientos de capitales, pero que son los gobiernos nacionales los que tienen la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico en sus países y esto es lo que, precisamente, ha hecho el Gobierno español con las 19 condiciones de la CNE.
"El Ejecutivo español no está haciendo dejación de funciones, está ejerciendo su responsabilidad y, además, lo está haciendo cumpliendo con la normativa comunitaria", añadió la portavoz popular, que aseguró que España está actuando de forma similar a como antes lo han hecho otros países comunitarios en situaciones parecidas.
Rodríguez Piñero señaló que, a pesar de no estar obligado, el Gobierno español responderá a la Comisión Europea para explicarle "con detalle" toda la información que considere oportuna, y añadió que, en caso de que Bruselas no consiga comprender las razones de España, tendrán que ser los tribunales los que resuelvan la discrepancia.
En cualquier caso, afirmó no estar preocupada por la posibilidad de que Bruselas lleve a España ante el Tribunal de Luxemburgo, y agregó que el "conflicto de intereses entre la UE y un país miembro forma parte de las reglas del juego".
"No tememos en absoluto que se abra a España un procedimiento de infracción, porque el Gobierno ha actuado correctamente y tiene la razón", sostuvo.
Finalmente, respondió a las críticas del PP, que considera que la Comisión llevará a España ante el Tribunal de la Unión Europea, afirmando que los 'populares' no son capaces de defender los intereses nacionales ni están legitimados para dar consejos sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria "porque dieron ayudas ilegales a Izar y no atendieron ninguno de sus requerimientos".
