Varias organizaciones de impositores también presentarán esta semana un recurso contencioso administrativo contra los Estatutos
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Madrid se reunió hoy con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para pedirle que esta institución interponga un recurso de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, contra la reforma de la Ley de Cajas incluida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada el pasado 30 de diciembre por el Gobierno regional.
Además, varias organizaciones de impositores vinculados a CC.OO. presentarán esta semana, antes del 23 de marzo, un recurso contencioso administrativo contra los Estatutos. "Es muy probable que no sólo sean las candidaturas de impositores que tienen responsables y participantes de CC.OO.", anunció hoy el secretario general de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreros (COMFIA-CC.OO), José María Martínez.
El sindicato considera que la Ley de Cajas "no respeta derechos fundamentales de la Constitución y va contra la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA)".
"El recurso de inconstitucionalidad es un ejercicio de responsabilidad por garantizar la estabilidad institucional de Caja Madrid y su carácter eminentemente privado, para que cumpla el papel que debe tener en estos momentos de marasmo económico y financiero", señaló Martínez.
En opinión del sindicato, con la reforma de Aguirre en Caja Madrid "se pone en riesgo su naturaleza jurídica y por ende la del resto de las cajas porque sienta un mal precedente en la reforma legislativa de cajas de ahorro".
Asimismo, Martínez denunció una "actitud que raya la prevaricación" por parte del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, por la "intervención alegal o incluso legal en la gestión de la Comisión de Control". "La Consejería tiene, por el Estatuto de la Comunidad y por la propia Constitución, delegada la capacidad de control y tutela, pero transgrede esos deberes estatutarios y constitucionales".
CC.OO. presenta este recurso porque considera que la ley de Cajas quiere aplicarse "de modo retroactivo a un proceso electoral en curso" y "eso es anticonstitucional". Además, "rompe el principio de proporcionalidad y de igualdad de los ciudadanos ante la ley porque sesga los derechos de representación de los impositores y de los ciudadanos a través de las corporaciones municipales, primándose a aquellos ciudadanos y municipios que más alta renta tienen". "Es una especie de reinstauración del voto censitario y eso atenta contra el principio de igualdad y proporcionalidad contemplado en la Constitución", advirtió Martínez.
Por su parte, el secretario general de CC.OO., Javier López, que también estuvo presente en la reunión, aseguró que Aguirre "incluso utiliza y abusa de la Casa Real, que es la entidad fundadora de la Caja y delega sus derechos a elegir 64 representantes en la Asamblea General". "La Ley de Cajas distribuye esos 64 representantes y excluye a ayuntamientos y a los impositores de participar proporcionalmente como siempre se había hecho", señaló.
En opinión de López, la jefa del Ejecutivo madrileño "no se corta un pelo en utilizar la ley a su gusto y placer con tal de meter la mano al bolsillo de los madrileños que tienen su dinero en Caja Madrid". "La instrumentalización de los recursos públicos al servicio de intereses privados vinculados al poder político de Esperanza Aguirre empieza a ser muy peligroso", advirtió.
CONTRA LA LORCA
Asimismo, CC.OO. considera que la ley transgrede varios preceptos de la ley de órganos rectores de cajas de ahorro (LORCA), que es la ley marco de todo el Estado para las cajas, porque "rompe el límite del 50 por ciento de representación de entidades públicas por la suma de distintas representaciones corporaciones locales, parlamento autónomo, universidades públicas, Cámara de Comercio y hasta 30 instituciones privadas o no que son predesignadas por la Comunidad".
"El cambio legislativo supone que los 2,5 millones de impositores de Caja Madrid que tienen derecho a ser elegibles pasarán a ser 500.000 personas y todo por la elevación del saldo medio necesario", señaló Martínez, que criticó la "sobrerepresentación" de los ayuntamientos con alta renta y poca población, con lo que el PP de Madrid "quiere garantizarse el control y la representación de órganos de Gobierno 'ad hoc' para tener una mayoría clara".
