MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interrogará este martes en calidad de testigo a José Luis Regueiro, que fue representante de CC.OO. en el consejo de Administración de Novacaixagalicia. Se trata del primero de los tres vocales que votaron en contra de las prejubilaciones millonarias investigadas en esta causa penal.
Los otros dos consejeros que se opusieron al otorgamiento de estas compensaciones para algunos directivos comparecerán el próximo miércoles y jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. El día 14 está citado José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra en el Consejo de la Caja, y para el día 15 se espera a Miguel Argones, de Csica.
Los tres rechazaron las dotaciones para esas retribuciones porque no se concretaba el contenido de las mismas, según declararon el pasado mayo ante la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, el juez ha citado para el próximo 16 de noviembre al presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, para que declare también en calidad de testigo.
CANTIDADES RECLAMADAS
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.
Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Osgar Rodríguez Estrada.
En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
