Beteta estudia aprobar los nuevos Estatutos salvando los puntos sospechosos de inconstitucionalidad
MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular de Madrid considera que el recurso presentado hoy por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra dos artículos de la Ley de Cajas regional no impide la continuidad del proceso electoral en Caja Madrid. "El proceso electoral en Caja Madrid se regirá por la Ley en vigor desde enero excepto en las fórmulas ponderadas que se refieren a los representantes municipales, dado que las dos circunscripciones que recoge la nueva Ley de Cajas de Madrid no han sido impugnadas", destacaron desde el PP.
Fuentes populares indicaron a Europa Press que el texto presentado por la Abogacía del Estado se circunscribe a los apartados 2 y 3 del artículo 29 y al apartado 2 del artículo 30 que encierran una "extralimitación competencial", según el Gobierno central.
En este sentido, resaltaron que, en el caso de que el Constitucional admita a trámite el recurso, se suspenderían solamente estos tres puntos, pero no la totalidad de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, por lo que la Consejería de Economía y Hacienda, dirigida por Antonio Beteta, deberá de todos modos emitir la orden de entrada en vigor de la norma, tal y como estaba previsto, antes del 4 de mayo. "Si se suspendiesen estos apartados no afectaría al inicio del proceso electoral de la entidad", insistieron.
En concreto, el recurso se centra en los apartados que se refieren a los criterios de territorialidad establecidos por la Ley de Aguirre para los consejeros elegidos por el sector de los ayuntamientos, específicamente, en lo relativo a la división en dos circunscripciones electorales: una para la Comunidad de Madrid y otra para el resto de las comunidades autónomas donde esté establecida Caja Madrid.
El texto del Gobierno regional establece en este sentido una ponderación de depósitos por habitante y población para fijar el peso de cada ayuntamiento, y que "no podrá corresponder a ninguna corporación local más del 30 por 100 de los consejeros generales integrados en este sector".
Éste es el punto que cuestiona precisamente el Ayuntamiento de Madrid, puesto que en la actualidad, con la Ley de 2003, la capital cuenta un 70 por ciento de los representantes elegidos por las corporaciones locales.
Por el contrario, no aparece referencia alguna a la limitación de permanencia en los cargos, ni de los consejeros ni del presidente de la entidad; ni al reparto de los vocales nombrados por los impositores o clientes.
La Consejería estudia por tanto cómo dictar la orden por la cual se aprueban los Estatutos de Caja Madrid, puesto que la "Ley sigue su curso", salvando los puntos sospechosos de inconstitucionalidad. Ello podría establecerse con una medida transitoria que apelase a la aplicación directa de la ley de cajas nacional, la LORCA, indicaron las mismas fuentes.
