MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Procuradores y el Consejo General de la Arquitectura Técnica han trasladado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la necesidad de avanzar con la máxima celeridad en el desarrollo reglamentario de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Las cuatro instituciones han señalado en un comunicado conjunto que el próximo Consejo de Ministros del martes 20 de octubre es una oportunidad idónea para llevar el reglamento a aprobación.
Por ello, han insistido en la importancia de aprovechar esta posibilidad para acelerar el proceso y dar respuesta, tras años de reivindicaciones, a los profesionales que esperan una solución.
Según han remarcado, el objetivo debe ser el de culminar cuanto antes la tramitación de esta medida y garantizar una regulación que proporcione seguridad jurídica a todos los profesionales afectados.
Sobre la viabilidad de la aprobación del Real Decreto de la Pasarela al RETA una vez disueltas las Cortes y convocadas las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, las cuatro organizaciones recuerdan que aún hay margen para avanzar en la tramitación del reglamento y hacerlo posible.
La reivindicación de la pasarela al RETA, impulsada desde hace más de tres años por asociaciones, plataformas, colectivos y el sindicato de mutualistas, responde a una necesidad urgente para más de 150.000 profesionales afectados, que deberían tener esta regulación para tomar decisiones sobre su futuro.
TAMBIÉN LO PIDE LA MUTUALIDAD DE PROCURADORES
Por su parte, la Mutualidad de Procuradores --entidad de ahorro y previsión de los profesionales del sector-- también ha reclamado al Gobierno que apruebe el reglamento de la pasarela al RETA antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, para garantizar que los mutualistas puedan trasladar sus derechos a la Seguridad Social.
Así, la Mutualidad considera que la norma debe tratarse como una "cuestión de Estado" y no verse afectada por el cambio de ciclo político. Además, recuerda que la pasarela afecta especialmente a quienes se acercan a la edad de jubilación y necesitan conocer las condiciones del traslado de sus fondos y la conversión de sus aportaciones en periodos cotizados.
