Aseguran que la reforma ya está provocando mayor destrucción de empleo
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han acudido este martes a la sede de la Defensora del Pueblo, Luisa Cava de Llano, para presentarle un documento con ocho motivos documentados de inconstitucionalidad de la reforma laboral para que promueva un recurso ante el Tribunal Constitucional.
La Defensora del Pueblo, que ya ha recibido hasta la fecha varias peticiones en este mismo sentido, tiene de plazo hasta el 11 de mayo para decidir si interpone el recurso en nombre de los sindicatos, que han recurrido a la institución al no tener facultad directa para hacerlo.
Los sindicatos confían así en frenar una reforma que consideran "injusta, desequilibrada y nociva" y que, según aseguran, ya "está provocando mayor destrucción de empleo". Si bien, en el caso de que la Defensora del Pueblo decidiera interponer una recurso de inconstitucionalidad, la decisión del Tribunal podría dilatarse años.
Según ha dicho el líder de CC.OO. en declaraciones a los medios, la Defensora del Pueblo ha avanzado a los sindicatos que "sólo por el volumen de documentación aportada", su escrito era "el más fundamentado" de los recibidos hasta la fecha sobre la misma cuestión. "Nos parece que tiene anclajes sólidos para que sea considerada por la institución", añadió por su parte Toxo.
En este sentido, Méndez ha insistido en que "hay motivos más que suficientes y documentados de manera muy sólida, con alusiones a sentencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, que permiten alentar perspectivas fundamentadas de que la reforma laboral se declarará inconstitucional".
MOTIVOS EN LA FORMA Y EL FONDO.
En cuanto al contenido del documento presentado a la Defensora del Pueblo, ambos líderes sindicales han recalcado que la aprobación de la reforma laboral no estaba justificada, puesto que la Constitución reserva este trámite para situaciones de excepcional gravedad y urgencia (Artículo 86.1)
"La situación es grave", ha reconocido Toxo, quien ha añadido que, sin embargo, el Gobierno ha reconocido que la reforma laboral no tendrá efectos a corto plazo", y que, en cualquier caso, el contexto económico "mucho menos justifica romper una tradición del diálogo social consolidada durante tres décadas que ha dado resultados más que apreciables que el Gobierno actual no ha querido ni tan siquiera explorar".
"Esto por sí sólo justificaría la interposición del recurso", aseguró Toxo, para rematar que la reforma laboral además vulnera el derecho al trabajo (Artículo 35.1) a través del establecimiento, por ejemplo, del periodo de prueba de un año en el contrato de emprendedores o del despido por decisión unilateral del empresario; o a la libertad sindical (Artículo 28.1), por restringir sin causa razonable la libertad de estipulación de los sindicatos más representativos de sector.
Por su parte, Méndez también destacó la "feaciente y flagrante inconstitucionalidad" que encierra la aprobación por la vía del real decreto de una reforma laboral de la que no se esperan efectos a corto plazo. Con todo, el líder de UGT aseguró que, en todo caso, estos efectos a corto plazo se están produciendo ya, pero en forma de más destrucción de empleo.
Además, el líder de UGT aseguró que "desde el punto de vista político tampoco tiene justificación" la adopción de esta vía de urgencia. Según recordó, las instancias internacionales no solicitaron al Gobierno que la aprobara como real decreto ley, sino que tramitara con urgencia los Presupuestos de 2012.
MUCHO MÁS QUE UNA REFORMA LABORAL.
"El Gobierno ha decidido jugar al gato y al ratón por razones electorales vinculadas a las elecciones de Andalucía e imponer una reforma laboral injusta, desequilibrada y muy nociva que está en el corto plazo provocando más destrucción de empleo", apostilló.
Por último, Méndez aseguró que la nueva norma "es mucho más que una reforma laboral", ya que en las 52 reformas laborales anteriores siempre se preservaron el derecho a la tutela judicial efectiva (Artículo 24.1) y el valor de la negociación colectiva (Artículo 37.1) frente a la decisión unilateral del empresario, dos preceptos que, a su juicio, no se han respetado en esta ocasión.
"Las fórmulas de despido que se fijan suponen una vulneración clara de la tutela judicial efectiva y la decisión unilateral del empresario, una vulneración del derecho a la negociación colectiva", zanjó.
Asimismo, el escrito de los sindicatos señala que se atenta la tutela judicial efectiva en la reforma operada en el régimen jurídico de los salarios de tramitación, mientras que apunta como un recorte del derecho a la negociación colectiva la limitación temporal de la ultraactividad (prórroga automática de los convenios cuando no hay acuerdo sobre su renovación).
Por último, los sindicatos alegan que la aplicación del despido por causas económicas en el sector público, junto a la exclusión de figuras de flexibilidad interna como los expedientes de regulación de suspensión, van en contra de los artículos 9.3, 14, 24 y 35 de la Constitución.
