Economía/Laboral.- CiU pide al Gobierno que transfiera a las CC.AA. unos 500 millones de euros para formación

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) defenderá mañana en el Congreso una proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a transferir a las comunidades autónomas los recursos no gastados en los programas de formación continua desde el año 2002, y con carácter inmediato, los correspondientes a 2004, a fin de que sean destinados a acciones de formación continua.

En total, CiU cifra en unos 500 millones de euros los fondos del Forcem que no se han destinado a formación desde el año 2002 y que han pasado a formar parte del remanente de la Tesorería del Instituto Nacional de Empleo (Inem), según reconocía el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria al portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Carles Campuzano.

Para Campuzano, resulta "incomprensible" que estos recursos no se gasten en algo prioritario como la formación y se ingresen en su lugar como remanente del Inem, sin que tampoco sean distribuidos entre las comunidades autónomas, "que son quienes tienen la competencia para gestionar la formación continua", precisó.

En su opinión, esta situación puede ser aún más grave en el año 2004, ya que a causa de las dificultades que ha tenido la implantación del nuevo sistema de formación continua por parte de las empresas, los excedentes correspondientes al llamado crédito de bonificaciones no aplicado pueden derivar en un remanente cercano a los 200 millones de euros.

COMPARECENCIA DE CALDERA.

Por otro lado, Campuzano ha solicitado también la comparecencia del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, al considerar que el acuerdo sobre formación firmado el pasado 7 de febrero entre Gobierno, sindicatos y empresarios "obvia e incumple nuevamente" las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de formación continua.

El diputado catalán denunció en un comunicado que este acuerdo se haya hecho "de espaldas" a los gobiernos autonómicos, al tiempo que advirtió del riesgo de que el mismo dé lugar a un modelo de formación que también sea "inconstitucional".