MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha instado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a que presente un recurso de inconstitucionalidad con el título primero del decreto antidéficit de julio, en el que se incluye la supresión de la paga de Navidad de los funcionarios, y le ha recordado que el Tribunal Constitucional portugués ya declaró ilegal esta misma medida en el país luso al considerarla discriminatoria.
Borra hizo estas declaraciones a Europa Press horas antes de que la Plataforma en la que se integra CSI-F, junto a UGT, CC.OO., USO y asociaciones profesionales de empleados públicos, presenten esta tarde a la Defensora del Pueblo un argumentario jurídico para que promueva este recurso de inconstitucionalidad.
Entre los argumentos jurídicos que la plataforma presentará a Becerril, el "fundamental", según CSI-F, es la vulneración de la esencia de la negociación y de la libertad sindical que, a su juicio, implica el Real Decreto.
Además, la organización presidida por Borra concreta que la supresión de la paga extra de Navidad supone una "expropiación" de los derechos determinados en el artículo 33.3 de la Constitución, en el que se dice que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
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Por otro lado, Borra se ha referido a las previsiones de otoño del Fondo Monetario Internacional, que apuntan a una caída del PIB español del 1,3% en 2013, casi el triple que el descenso que pronostica el Gobierno (-0,5%), y a una desviación del déficit en 2012 del 7% del PIB, frente al objetivo del 6,3%.
El presidente de CSI-F ha resaltado que "las políticas de ajustes se están mostrando ineficaces e impiden crecer económicamente", al tiempo que "nos alejan del modelo social que hemos construido con tanto sacrificio".
Para terminar, Borra se ha echo eco también de la última encuesta del CIS, que sitúa en máximos la preocupación de los españoles por la clase política, y ha incidido en que los empleados públicos "se sienten maltratados" y quieren políticos y gobernantes "cercanos a los problemas y pegados a la realidad".
