MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Estatuto Básico de la Función Pública, texto que regula los derechos y deberes de los 2,5 millones de empleados públicos, entra en vigor, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace un mes.
Esta ley, fruto del diálogo social en las administraciones públicas, contempla ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público. Asimismo, regulará la carrera profesional, incluirá un código de conducta y reconocerá el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Como norma de carácter básica, sus contenidos afectan a los funcionarios de las tres administraciones --la central, la autonómica y la local--, si bien cada administración tendrá ahora que dictar su propia ley para desarrollar el Estatuto.
De hecho, hiy no entran en vigor todos los contenidos del Estatuto, pues algunas de sus materias, principalmente los aspectos retributivos y la estructura y ordenación del personal, no serán de aplicación hasta que cada comunidad autónoma elabore su propia norma.
Hasta que se establezcan las leyes de Función Pública oportunas y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada administración pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos, siempre que no sean contrarias al Estatuto.
El Estatuto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para los empleados públicos, desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma. Asimismo, contempla un nuevo sistema de acceso a la Función Pública e incluye mecanismos de evaluación del desempeño profesional y un sistema retributivo que establece que las pagas extraordinarias tendrán el mismo valor que el salario mensual.
La norma, un mandato constitucional que llevaba 28 años pendiente, fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
