MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
CiU propondrá este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados una modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado en julio de 2010, para evitar que el reparto obligatorio de dividendos a partir del quinto año de funcionamiento pueda poner en riesgo la viabilidad de las empresas.
Según se justifica en su proposición no de ley (PNL), que recoge Europa Press, un precepto introducido en el texto refundido el pasado mes de agosto permite a los socios minoritarios de compañías no cotizadas exigir, a partir del quinto año de funcionamiento, el reparto de un tercio de los beneficios.
El objetivo de este precepto era "crear un instrumento para combatir el riesgo de opresión a la minoría", que no tienen capacidad para reclamar la distribución de dividendos de las empresas en las que participan.
Sin embargo, para los nacionalistas catalanes su aplicación real "podría significar que, en un momento de crisis como el actual con una fuerte restricción del crédito a las empresas, las sociedades no cotizadas además de no obtener recursos financieros bancarios ni poder acudir a los mercados de capitales para financiarse, se vean obligadas a dedicar una parte de sus fondos a adquirir las acciones de los socios que ejerciten el derecho de separación por falta de distribución de dividendos" o a "la distribución forzosa y anual de un tercio de sus beneficios ordinarios".
Según CiU, ambas posibilidades provocarían una "desviación de los fondos sociales respecto del que sería su destino más razonable", es decir, reinversión o reparto de dividendos pero en menor cuantía. Además, también podría poner en riesgo obligaciones contraídas por las empresas con las entidades bancarias que hayan concedido financiación.
"Este precepto puede convertirse en un instrumento de abuso por parte de la minoría", alerta el grupo catalán, que reclama al Gobierno que inicie "en el plazo más breve posible" una reforma del artículo de la Ley de Sociedades de Capital que incluye este precepto para "garantizar" que no se "sitúa a ninguna sociedad no cotizada en causa de reducción de capital o de disolución obligatoria, o en situación de insolvencia actual o inminente".
