MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, anunció hoy que su formación no apoyará mañana en el Congreso el decreto ley por el que se crea un fondo de inversión de 8.000 millones para los ayuntamientos, porque considera que "agravará" la crisis económica a través del incremento de la deuda pública necesaria para financiarlo, si bien no aclaró si su voto será negativo o se decantará por la abstención, a priori la opción más probable.
En rueda de prensa en la Cámara Baja, Montoro señaló que este decreto, que recoge un crédito extraordinario de 11.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es una "anulación" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que marca un límite del 3% del déficit de las cuentas públicas.
Montoro recordó las palabras de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgada, quien calificó de "histórica" la medida para potenciar las inversiones en infraestructuras de los municipios. "Histórica es la caída del empleo y la crisis ante la que el Gobierno no ha tomado medidas", insistió.
El dirigente 'popular' respondía así a las afirmaciones vertidas por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien durante la sesión de control en la Cámara Baja, celebrada hoy, ha acusado al presidente del PP, Mariano Rajoy, de "no tener plan, ni ideas ni propuestas" contra la situación económica. "Habla quien más debería callar", incidió Montoro.
EL GOBIERNO VETA LAS IDEAS DEL PP.
En este sentido, recordó que el PP ya llevó al Pleno de la Cámara en mayo una extensa batería de propuestas, que incluyó desde propuestas de corte fiscal, financiación local y autonómica a la reforma del mercado laboral, que ha vuelto a presentar en múltiples ocasiones, "cuando el Gobierno todavía negaba la crisis". "Si nos hubieran hecho caso entonces, ahora no tendríamos un millón de parados más", señaló.
"Presentamos tantas medidas que han tenido que vetarlas", remachó, recordando que hace un mes el Gobierno impidió que llegaran a votarse una serie de enmiendas 'populares' a los Presupuestos Generales del Estado para 2009, que pedían una rebaja del Impuesto de Sociedades, alegando que hubieran supuesto una disminución de ingresos del Estado.
