MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
La agencia calificadora Fitch ha rebajado la nota crediticia de Argentina de 'CC' a 'C' tras las propuesta de reestructuración de deuda realizada por el país a sus acreedores privados el pasado jueves.
"Fitch considera que un impago en los próximos vencimientos de bonos podría ser inminente, por lo que un acuerdo con los tenedores de bonos argentinos podría no alcanzarse en las próximas semanas", ha explicado la firma.
El Ejecutivo argentino presentó su nueva propuesta para hacer frente al pago de la deuda a sus acreedores solicitando una moratoria de tres años en los pagos de la misma y una reducción de hasta el 62% de los intereses.
El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, explicó que, de acuerdo con esta propuesta, el Estado no pagaría nada hasta 2023, año en el que, con una tasa de interés del 0,5%, a incrementar anualmente de manera "sostenible", se comenzarían a realizar los pagos.
"En caso de que se apruebe la propuesta supondría una reestructuración de deuda con una reducción sustancial para los acreedores y se estaría tratando de evitar un incumplimiento de un pago tradicional", ha apostillado el informe.
Los pagos de intereses de tres de los bonos elegibles, por unos 500 millones de dólares (459 millones de euros), vencen el 22 de abril y tienen un período de gracia de 30 días. "Si no se llega a un acuerdo con los tenedores de bonos durante este período de tiempo, o si no se logra un progreso significativo en un acuerdo, Fitch ve un alto riesgo de que estos pagos no se realicen", ha alertado.
"Las autoridades argentinas y el FMI han indicado que la deuda soberana de Argentina es insostenible, dado que el ajuste fiscal que sería necesario para reducir los niveles de deuda y las necesidades de financiamiento a niveles manejables no es económica ni políticamente factible, y menos aún en el contexto actual de la economía", ha explicado Fitch.
Sin embargo, la agencia ha alertado de que las pérdidas sustanciales para los inversores que supondría la propuesta de las autoridades podrían dificultar el logro de un acuerdo rápido, lo que representa el riesgo de un proceso de negociación prolongado y pagos atrasados.
