MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este jueves una orden por la que se crea y regula el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La orden, firmada por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, especifica que este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
El Consejo tiene como objetivos servir como espacio de consulta, diálogo estratégico, intercambio de información y coordinación operativa entre los sectores público y privado, y facilitar la identificación de prioridades comunes, el análisis de las nuevas tipologías de riesgos, la difusión de buenas prácticas y el impulso de iniciativas conjuntas.
Entre sus funciones, el Consejo deberá promover la colaboración permanente entre las autoridades competentes y los sujetos obligados en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y de la implementación de sanciones financieras internacionales.
Además, deberá servir como cauce para el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, así como contribuir a la elaboración, actualización y seguimiento del análisis nacional de riesgos y de la estrategia nacional contra el blanqueo de capitales.
También deberá proponer informes, guías y recomendaciones sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades, así como plantear iniciativas, acciones y prioridades de actuación para la mejora del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La presidencia de este Consejo será asumida por la persona que ocupe la Dirección del Servicio Ejecutivo de la Comisión. Además, serán vocales permanentes diferentes subdirectores generales, o su equivalente, de algunos organismos nacionales, como la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil; el Banco de España; la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros.
El Consejo se constituirá en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta norma --este mismo jueves--. El Pleno del Consejo se reunirá al menos una vez al año y, en todo caso, cuando lo estime necesario su presidencia por decisión propia o por solicitud de un tercio de sus vocales.
El Gobierno justifica que la política de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva es esencial para garantizar la integridad del sistema financiero y, por ende, favorecer la estabilidad y el crecimiento económico de las sociedades actuales.
"En un entorno caracterizado por la creciente complejidad de los flujos financieros, la digitalización de las economías y el carácter transnacional e híbrido de las amenazas, es imprescindible adoptar un enfoque integral basado en el riesgo que permita detectar y mitigar todos los riesgos que pueden impactar negativamente en el funcionamiento del sistema", se señala en la norma.
Para ello, el Gobierno considera que es fundamental garantizar la actuación coordinada de todas las partes involucradas, desde las autoridades competentes hasta los sujetos obligados, pues "solo una acción común y coherente permitirá dar una respuesta eficaz a los desafíos detectados".
Precisamente, el Plan Estratégico Nacional de lucha contra el blanqueo de capitales recientemente aprobado, señala que la colaboración con el sector privado constituye una de las piezas fundamentales para poder garantizar la efectividad del sistema, al mejorar la comprensión de los riesgos, la calidad de las medidas preventivas y la utilidad de la información comunicada por y entre las autoridades competentes y los sujetos obligados.
