MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Medio Rural, Alicia Villauriz, aseguró hoy que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no comparte algunas de las cuestiones que, a su juicio, plantea el manifiesto en defensa del tomate que firmaron los responsables de las cuatro comunidades productoras, como las que, según sus palabras, hacen referencia a que "no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos".
En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, la responsable ministerial señaló que el documento que rubricaron a principios de este mes los consejeros del ramo de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias contiene algunas indicaciones que "no es realista plantearlas", al menos, "en los términos que ahí aparecen matizadas y planteadas".
Villauriz aseguró que el departamento que dirige Elena Espinosa sí apoya "la finalidad del documento", en lo que se refiere a que "debemos de poner todos los medios a nuestro alcance para evitar distorsiones comerciales y para actuar en el caso de que no se realicen los términos del acuerdo" de exportación de tomate marroquí a la Unión Europea.
Sin embargo, cuando "por ejemplo se dice que no se permitirá la importación de cantidades adicionales en virtud del acuerdo con Marruecos, en este caso, eso no es factible" porque "hace ya muchos años, en 1995, se acordó un establecimiento de zonas de libre comercio con países del norte de África", algo que aprobaron el Congreso y el Senado para la política comunitaria y española de vecindad con las áreas del Mediterráneo, por lo tanto "existe una negociación permanente de este tipo de acuerdos a la que nos tenemos que someter y en la que tenemos que estar, evidentemente con todas las precauciones y con todos los mecanismos que podamos contemplar para evitar que las distorsiones se produzcan", aseveró.
Sobre las cantidades, el manifiesto dice textualmente que el actual acuerdo establece "un status muy ventajoso" para Marruecos que consiste, desde la campaña 2006-2007, en "un contingente de 233.000 toneladas compuesto por contingentes fijos mensuales de octubre a mayo, con una parte fija y otra variable" y pide que no se permita "en ningún caso que los contingentes se distribuyan por trimestres en lugar de por meses, pues esta flexibilidad puede provocar fuertes hundimientos de precios en determinados momentos, difíciles de recuperar".
El Gobierno sí actuará "de la manera más firme posible" para que los términos del acuerdo actual y también del futuro -cuya negociación está actualmente paralizada--, se "estén cumpliendo" en lo que se refiere a los "precios de entrada y cantidades" de forma que se pueda evitar la competencia desleal. Del mismo modo, el Ministerio está "de acuerdo" con la petición de hacer partícipes a las Comunidades Autónomas de todos los datos de corrientes de exportación que proporciona regularmente la Comisión Europea.
La secretaria general señaló que el Ministerio también está comprometido con que se vigilen los límites máximos de residuos y se realicen las inspecciones necesarias para que los productos que llegan del país vecino "cumplan al 100 por cien" con el uso de los productos fitosanitarios y lleguen al consumidor con todas las garantías necesarias.
Sin embargo, a pesar de que el manifiesto de los productores de tomate pedía que se exija "reciprocidad" en lo relativo a las condiciones sociales de los productores en terceros países, Villauriz mantuvo que "ni la Unión Europea, ni España como Estado Miembro" tiene competencia para actuar en este sentido.
Por su parte, el diputado nacional del PP Juan José Matarí ensalzó las "buenas intenciones" que tiene el Gobierno pero, según dijo, éste ofrece "poca garantía" de que el Gobierno vaya a defender los intereses del sector hortofrutícola. Además, dudó de si el Ministerio explicó al consejero andaluz del ramo, Martín Soler, esta postura pues, a su juicio, "no tiene nada que ver con lo que (él) traslada al sector en Almería".
