MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las constructoras, lideradas por FCC, subieron hasta un 10% en la sesión de Bolsa de este miércoles, tras el anuncio del Gobierno de que el viernes aprobará un mecanismo para "liquidar" la deuda comercial de las Administraciones Públicas.
En una jornada bursátil bajista, la iniciativa del Ejecutivo impulsó la cotización de los grupos de construcción que, además de ejecutar obra pública, en los últimos años han diversificado su actividad hacia la prestación de servicios urbanos, como limpieza viaria o recogida de residuos.
FCC fue la que registró la mayor subida, del 9,58%, que llevó a sus títulos a cerrar en 20,185 euros por acción. De esta forma, la compañía controlada por Esther Koplowitz recupera la cota de los 20 euros por título que perdió el pasado 3 de enero y marca su precio máximo desde esta fecha.
Después se situó Sacyr Vallehermoso, que se revalorizó un 3,33%, con lo que mañana jueves retomará la cotización a 3,410 euros por acción.
ACS, de su lado, remontó un 2,69% y concluyó la jornada a 24,240 euros por título, mientras que OHL conquistó la cota de los 23 euros por acción. En concreto, concluyó a un precio de 23,010 euros por título, importe máximo desde julio de 2011, tras subir un 2,27%.
MAS DE 22.000 MILLONES DE DEUDA.
Según las patronales del sector, la deuda viva del sector público relacionada con la obra pública es de unos 22.300 millones de euros. De este importe total, unos 16.800 millones de euros, el 75,3% del total, se trata de deuda vencida y en mora. Los plazos medios de pago se sitúan en unos 170 días.
En el caso del sector servicios, el retraso medio de pago de los ayuntamientos en toda España es de 10,9 meses, si bien las patronales indican que en algunas regiones alcanza los 11,5 meses y, "en al menos tres, la situación es más crítica, sobrepasando los 17 meses de demora".
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció ayer martes que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un "mecanismo", para "liquidar" la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones, incluidas las haciendas forales, con sus proveedores. Según detalló, este mecanismo irá "más allá del ICO" y contará con la colaboración de las entidades financieras.
Montoro explicó también que esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no cuantificó, pero que calificó de "considerables".
De esta forma, el Ejecutivo atiende una de las principales reivindicaciones de las empresas constructoras y de servicios, que venían reclamando la "urgente regularización de los pagos", al considerar que "la liquidación de la deuda operará como revulsivo de su actividad".
