MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado a la Administración General del Estado (AGE) que utilice "mayoritariamente" el precio como criterio de adjudicación en la contratación de suministros mobiliarios y ha propuesto además sustituir el acuerdo marco actual por un criterio "dinámico" de contratación.
El organismo regulador, que ha realizado estas propuestas en un informe referido a los pliegos para celebrar el acuerdo marco para los suministros de mobiliario general y especializado, ha indicado que valora que el sector público busque menores precios, ya que esto redunda además en una presión para la disminución de los márgenes en las empresas que concurren, lo que genera un efecto "pro competitivo" que se traslada al sector privado.
El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) establece la posibilidad de un procedimiento de contratación centralizada en dos fases. En la primera se adoptan los tipos contratables para cada clase de bienes o servicios mediante un acuerdo marco o un sistema dinámico, mientras que en la segunda fase se convoca a las partes a una licitación para la contratación específica dichos de los bienes o servicios.
En este sentido, la CNMC recomienda la sustitución del acuerdo marco, que conlleva el cierre efectivo del mercado a la libre competencia durante un año, con posible prórroga de seis meses, por un sistema dinámico de contratación.
La CNMC explica que mientras dura el plazo de vigencia del acuerdo la Administración puede no beneficiarse de todo el potencial de eficiencia en los contratos de la segunda fase. "En un sector donde la rotación de empresas es elevada ese cierre del mercado tiene un efecto particularmente dañino sobre la competencia y la eficiencia. Por tanto, es aconsejable optar por un sistema dinámico de contratación, donde no se contempla dicho cierre temporal del mercado", ha indicado.
Del mismo modo, el organismo considera "excesivo" el criterio de un volumen de negocios superior al millón de euros en alguno de los últimos tres años. "Ese umbral supondría excluir a muchas empresas dado el tamaño medio de las mismas en este sector", ha apuntado.
El organismo propone también reformular el criterio que valora el número de provincias en las que se dispone de asistencia técnica propia o concertada. "Este requisito puede primar a ciertos operadores sin que sea del todo necesario para una prestación adecuada del suministro. Por ello se podría reformular como el tiempo máximo de respuesta al que la empresa se compromete a prestar asistencia técnica", ha añadido.
