MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso de apelación presentado por los administradores que tramitan el concurso de acreedores personal de Jesús Salazar, expresidente de SOS Corporación, para que se levantaran los embargos de bienes decretados contra el empresario.
El Juzgado Central de Instrucción número 4 requirió a los hermanos Jesús, Jaime y Roberto Salazar en 2010 la constitución de una fianza por importe de 360 millones de euros y acordó el embargo de bienes para cubrir esa cantidad, dentro de la causa abierta por supuestos delitos de apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales, entre otros, tras una querella presentada por SOS (hoy Deoleo).
La administración concursal de Jesús Salazar pidió la nulidad de las actuaciones por haberse acordado los embargos con posterioridad a la declaración del concurso.
Al ser denegada la petición por el Juzgado, los administradores presentaron un recurso de apelación que ha sido desestimado por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en un auto de junio de 2011, contra el que no cabe recurso, según la información remitida por Deoleo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De este modo, según indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas, el bloqueo de bienes de los exdirectivos de SOS se mantendrá hasta que se celebre el juicio. Si hubiese condena, los bienes saldrán a subasta; en caso contrario, se levantará el embargo.
SE AMPLÍAN LOS BIENES EMBARGADOS.
Para cubrir la fianza de 360 millones de euros, se han bloqueado bienes que los hermanos Salazar tienen en España, un proceso que sigue en marcha, según las mismas fuentes.
De hecho, el pasado 1 de julio el Juzgado dictó una providencia para que el Registro de la Propiedad anotara un mandamiento de embargo de determinados bienes (pisos y garajes) inscritos a nombre de Lalama Gestión Patrimonial (propiedad de sociedades luxemburguesas), por "resultar indiciariamente que los propietarios de bienes son los querellados hermanos Salazar".
Jesús y Jaime Salazar fueron destituidos en abril de 2009 como presidente y expresidente del grupo alimentario SOS, respectivamente, por un supuesto desvío de más de 230 millones de euros de la tesorería de la compañía.
