MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Estado y a las comunidades autónomas en el último informe de fiscalización de la gestión de servicios funerarios y de cementerios que establezcan los criterios exigibles por los ayuntamientos para fomentar la libre concurrencia en el sector de la actividad funeraria en igualdad de condiciones, armonizándolas en cualquier localidad del territorio español.
Además, ha defendido la eliminación de las condiciones exigidas en algunos municipios que puedan ser exorbitantes en relación con las necesidades reales de la actividad, así como la protección del usuario para que obtenga servicios adecuados y equilibrados en relación con el precio que satisface. Además, el órgano fiscalizador propone que se regulen aquellos aspectos que actualmente restringen el transporte de cadáveres.
En la misma línea, el Tribunal de Cuentas ve necesario que las comunidades autónomas y los ayuntamientos ejerciten funciones de vigilancia y control que eviten conductas de los operadores restrictivas de la competencia y que otorguen mayor seguridad y transparencia a los usuarios.
Además, cree que los ayuntamientos deberían controlar el equilibrio financiero efectivo de cada una de las actividades funerarias ya que se prestan en régimen de libre concurrencia y, en consecuencia, no pueden apoyarse con subvenciones u otras ayudas que desvirtúen las reglas de mercado.
Según el órgano fiscalizador, en caso de desequilibrios financieros en los cementerios, las posibles ayudas o actualización de tarifas deberán quedar debidamente motivadas y justificadas. A su juicio, los Ayuntamientos deberían realizar estudios rigurosos de los costes de las diferentes actividades que les permitan determinar el coste real imputable a cada unidad de enterramiento que facilite la aprobación de tarifas ajustadas al principio de equilibrio financiero exigible.
Finalmente, el informe de fiscalización señala que estos estudios, a su vez, permitirían una valoración más adecuada de las condiciones económicas que pudieran presentar los licitadores de concesiones o al accionariado en caso de prestación por sociedad mixta.
