SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción ha considerado hoy necesario un cambio legal que obligue a las compañías aéreas y otras empresas de servicios a depositar fianzas para que los usuarios puedan recuperar su dinero y cobrar las correspondientes indemnizaciones en caso de quiebra.
En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha señalado que la paralización de la actividad de Spanair, que sigue a las de Air Madrid y Air Comet años atrás, pone de manifiesto que los usuarios están "desprotegidos" ante este tipo de situaciones.
En el caso de Spanair ha denunciado que la aerolínea ha "cometido un fraude" porque no sólo vendió billetes hasta poco antes de anunciar el cese de su actividad, sino que, además, ha "maltratado" a los pasajeros, "no dándoles agua, comida, alojamiento y sin recibir información alguna de la empresa" incumpliendo el Reglamento europeo.
Ante esta situación, Facua espera que el Gobierno "emprenda acciones no sólo contra la compañía, sino también contra sus máximos responsables para depurar responsabilidades a los niveles que sea necesario".
Sánchez ha destacado también que el cobro de la multa de nueve millones de euros, con los que el Ministerio de Fomento ha anunciado que podría multar a la compañía, podría ser inviable si el procedimiento concursal determina que no cuenta con bienes suficientes para pagar a los acreedores privilegiados.
Según Sánchez, la Ley Concursal, que "coloca a los usuarios a la cola de los acreedores, impide en muchos casos que puedan recuperar la totalidad de su dinero e incluso ni una mínima parte", como, a su juicio, ya se ha puesto de manifiesto en procedimientos sobre otras empresas de servicios.
Del mismo modo, Facua ha criticado que el Ministerio de Fomento obvie a las asociaciones de consumidores, no dándoles participación en su comité de coordinación y seguimiento para garantizar los derechos de los pasajeros de Spanair.
La asociación ha reclamado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores representativas y al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) para informarles de la situación y las medidas que adopte el Ejecutivo.
