MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del PP en Cataluña, Josep Piqué, declaró hoy como testigo en el "caso KIO", por videoconferencia, no recordar si el principal imputado, Javier de la Rosa, envió una carta el 22 de junio de 1991 a Ercros, perteneciente al Grupo Torras, para que no se decretara la suspensión de pagos, porque según él estaba buscando soluciones para evitar el colapso financiero.
Piqué, cuya citación estaba prevista en un principio para el pasado día 14, fue llamado a declarar como testigo a petición del propio De la Rosa por haber sido director general de Estrategia Corporativa de Ercros y después, consejero delegado. La defensa de De la Rosa, ejercida por él mismo y su hija Grabriela, le interrogó sobre la intención de la compañía de vender su filial, la petrolera Ertoil, a KIO y de la participación que la empresa Morgan Stanley en la operación.
El testigo admitió que conocía la intención de vender Ertoil, pero dijo no recordar si Morgan Stanley había tenido alguna participación, ni si se llegó a reunir con miembros de esta compañía. Agregó que imagina que si "lo hizo, debió cobrar por ello".
En cuanto a la ampliación de capital de Ertoil que se realizó en el primer trimestre de 1990 por un precio de 600 pesetas por acción, Piqué dijo que recordaba la operación, pero no la cantidad fijada para la venta de los títulos. En este sentido, De la Rosa argumentó que dispone de una anotación del actual presidente del PP catalán escrita de su puño y letra.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción no le dirigió ninguna pregunta, la acusación le preguntó sobre si la empresa Quail realizó algún servicio de seguimiento a Ercros en 1989 y 1990, ya que cobró 3,15 millones de euros por esta supuesta labor. Piqué explicó que lo ignoraba porque no tenía relación con la citada entidad, ni con el Grupo Torras, al no tener responsabilidades en el área financiera.
Piqué estuvo a punto de ser imputado en dos causas una en los Juzgados de Barcelona y otra en la Audiencia Nacional precisamente relacionadas con Ertoil, por su suspensión de pagos y su venta a la petrolera francesa Elf a través de una sociedad instrumental luxemburguesa. Debido a que entonces*era ministro de Asuntos Exteriores, su citación necesitaba de un suplicatorio y que la investigación la desarrollara el Tribunal Supremo, lo que nunca se produjo.
En el juicio en el que hoy ha declarado como testigo, De la Rosa se enfrenta a una petición fiscal de 38 años de cárcel por el presunto desvió de 65,44 millones de euros del Grupo Torras a través de Quail, banco de inversión propiedad de Javier de la Rosa, y la supuesta apropiación de otras cantidades mediante las sociedades Pincinco, Oakthorn y la presunta manipulación de los valores de Prima Inmobiliaria a principios de los 90.
