MURCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General de Transportes y Puertos, financiará con 2.500 euros a los taxistas de la Región que adquieran vehículos que funcionen con energías alternativas, lo que permitirá reducir la emisión de gases contaminantes. Se trata de la primera subvención de este tipo que concede la Consejería.
En este sentido, la directora general de Transportes y Puertos, Carmen Sandoval, indicó que "ha tenido una satisfactoria acogida entre los profesionales del sector, que cada vez más apuestan por las energías alternativas como forma de contribuir a la sostenibilidad medioambiental".
Las ayudas, que se concederán a finales de este mes de junio, incluyen la adquisición de vehículos eléctricos, de propulsión híbrida, con pila de combustible, alimentados con gas natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno, según se recoge en las bases reguladoras de la subvención, según informó el Gobierno regional en un comunicado.
Además, Sandoval explicó que el número de solicitudes para la instalación de GPS en los taxis de la Región ha aumentado un 30 por ciento con respecto al pasado año, pasando de 49 a 62.
Así, señaló que "los sistemas de posicionamiento global por satélite no sólo permiten prestar un mejor servicio, sino que también contribuyen a reducir los márgenes de inseguridad que en ocasiones conlleva esta actividad, ya que el taxista tendrá una conexión directa con redes o centrales de alarma que, en caso de producirse cualquier incidente, darán aviso inmediato a los servicios de emergencia".
Sandoval apuntó que "las actuales tecnologías permiten un incremento de los niveles de calidad y seguridad inherentes a la actividad de conducción de taxis y, por ello, desde la Dirección General de Transportes y Puertos, hemos considerado conveniente habilitar ayudas específicas para la instalación de estos sistemas de seguridad, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de este colectivo".
Este tipo de ayudas también contempla la adquisición e instalación de mamparas de seguridad como elementos disuasorios para evitar situaciones de riesgo.
Para ello, la Dirección General de Transportes y Puertos aportará un 75 por ciento del total de la inversión, que incluye tanto el importe del propio equipo como el correspondiente a los gastos de instalación, mano de obra, equipo adicional necesario y verificación del aparato.
