Los 'populares' achacan a la "intromisión" del Gobierno un "sobreendeudamiento" de los accionistas de Repsol
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP registró a última hora de esta tarde su propuesta de crear una comisión de investigación sobre la presencia de la constructora Sacyr en el accionariado de Repsol y la posible venta de sus acciones a la rusa Lukoil, una solicitud que justifica en los avales que la constructora obtuvo para entrar en la petrolera, las adjudicaciones que obtuvo después del sector público y "la sospecha fundada" de que no es la única operación alentada por el Gobierno.
En su escrito, donde no se cita a ninguna de la empresas implicadas, es decir, Sacyr, Repsol, Lukoil y la Caixa, se alega que "la intromisión del Gobierno en las operaciones de reestructuración empresarial ha provocado un sobreendeudamiento de la economía española, así como un debilitamiento de la situación financiera de determinadas empresas que operan en sectores estratégicos".
El pasado jueves, durante el Pleno extraordinario sobre economía en el Congreso, el presidente del PP, Mariano Rajoy anunció la propuesta de creación de este órgano "para ver quién es Lukoil y cuáles son sus antecedentes".
Esta tarde, la portavoz 'popular' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Fátima Báñez, y el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, entregaron en el Registro de la Cámara el documento. Ninguno de ellos hizo declaraciones a los periodistas congregados.
SIN NOMBRES
La propuesta no cita el nombre de ninguna de las empresas implicadas en la posible venta de las acciones de Sacyr en Repsol y se presenta como un intento de "conocer la intermediación política del Gobierno y la utilización de recursos públicos en operaciones empresariales de sectores estratégicos de la economía española".
Así, su relato comienza con el hecho de que "el pasado mes de noviembre se ha hecho público el interés de compra por parte de una empresa extracomunitaria (en alusión a Lukoil) de una participación significativa en una empresa cotizada (en referencia a Repsol), clave en un sector estratégico de nuestra economía como es el energético".
Después recoge que se ha "podido saber" que "la compra del paquete accionarial original", por la entrada de la constructora en Repsol, "fue inducida desde instancias públicas a través del liderazgo del Instituto de Crédito Oficial" (única entidad citada) y que después "la empresa vendedora", se supone que Sacyr, "se ha visto beneficiada por un inusual porcentaje de adjudicación de obra pública"
A partir de ahí, el PP pone doce objetivos a la comisión de investigación, el primero de los cuales es conocer el "grado de intermediación política" del Gobierno en operaciones de reestructuración de empresas privadas. Asimismo, pretende aclarar la finalidad y el grado de exposición de recursos público a estos procesos, en alusión al crédito de 350 millones de euros que el ICO concedió a Sacyr para financiar su entada en Repsol en 2006, con la compra de un 20%.
La comisión también quiere esclarecer las motivaciones y decisiones de los organismo reguladores, y en especial de la CNMV, la CNE y la CNC, que hayan afectado o condicionado tales operaciones, así como la evaluación que desde el Banco de España se haya realizado de su financiación.
"INDEFENSIÓN" DEL SECTOR FINANCIERO
El PP también quiere que se precise los montantes de contratación pública de Sacyr a través de adjudicaciones en concursos y su representación en la correspondiente cuota de mercado, así como su grado de apalancamiento (endeudamiento) "fomentado por el Gobierno".
En este sentido, se tendrá que estipular el "grado de debilidad financiera", por tanto "indefensión" frente a "operaciones hostiles", de "las principales empresas financieras (sin citar nombres), y de sectores estratégicos españoles ocasionados por estos procesos empresariales", así como el "coste de dedicar recursos públicos" a financiar este tipo de operaciones "en lugar de financiar actividades empresariales por su impacto en la economía real".
Los 'populares' quieren que la comisión calcule el perjuicio para los pequeños accionistas (se entiende que de Repsol) que supone la venta de una participación de gran tamaño por parte de sus accioncitas de referencia, enfrentando el precio alcanzado en negociaciones particulares sobre el precio ciento en bolsa.
DOS MESES DE PLAZO.
En esta línea, el PP abunda en la "distorsión" que este tipo de operaciones suponen en el mercado de capitales y las cotizaciones bursátiles, que pueden generar plusvalías a favor de "determinados accioncitas". Además, alude al prejuicio para los contribuyentes por el riesgo que asume el Estado en esta operación.
Por último, la comisión tiene como objeto determinar las "responsabilidades derivadas de la falta de transparencia" en estas operaciones, de la intermediación política y del uso de recursos públicos para financiarlas.
Para todo ello, el PP propone un plazo de dos meses para la redacción de las conclusiones, que serán elevadas al Pleno de la Cámara. Según sus planes, la comisión estaría compuesta por seis diputados del PSOE, cinco del PP, (lo habitual es tres o cuatro de cada grupo parlamentarios) y uno de cada uno de los demás grupos (CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto), si bien el voto sea ponderado.
