MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado con la abstención del PP y el rechazo de IU el dictamen del proyecto de Ley del Servicio Postal Universal, tras incorporar un paquete de enmiendas pactadas entre el PSOE y el resto de grupos, especialmente CiU, que a partir de ahora pasará a debatirse en el Senado.
Entre las modificaciones pactadas entre el PSOE y los nacionalistas catalanes a través de 40 enmiendas destaca la supresión del recargo del 2% sobre el precio unitario de los servicios incluidos en el ámbito del servicios universal al que la ley obligaba a todos los usuarios, y con el que el Gobierno esperaba recaudar entre 30 y 32 millones de euros.
Asimismo, se rebaja del 1,5% al 0,5% la tasa para la financiación del servicio que se aplicaba a la facturación de todos los operadores con ingresos superiores a los 50.000 euros. Además, Correos tendrá que pagar también dicha tasa.
La memoria económica del proyecto de ley estimaba que la recaudación anual estimada por este concepto era de 1,47 millones de euros, de los que 1,44 millones de euros procederán de Unipost y los restantes 33.750 euros de otros 215 operadores, si bien estas cifras variarán sustancialmente por la incorporación de Correos.
El PSOE ha pactado el grueso de la norma con CiU a través de casi 40 enmiendas que permitirán que la futura ley sea "más eficaz y más garantista", según el portavoz de la federación catalana, Pere Macías.
Las modificaciones incorporadas a la norma buscan que las empresas privadas que se vayan incorporando al sector postal puedan tener "un campo de acción y unas reglas de juego claras" y que cada comisión del sector postal podrá arbitrar en caso de conflictos, como ya hacen otros organismos reguladores.
EL ESTADO COMPENSARÁ EL SOBRECOSTE
La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
Las cuentas públicas harán cada año una estimación del coste del servicio, cuya ejecución supervisará la Comisión Nacional del Sector Postal con la intención de si, supera el importe previsto, el Estado compensará a Correos. La Comisión, en tanto organismo regulador del sector, tendrá también poder para arbitrar conflictos entre los operadores.
Asimismo, los nuevos operadores que se incorporen al mercado abonarán una cuota fija de 1.500 euros con el objeto añadido, aparte de contribuir a financiar el fondo, de evitar al "excesiva atomización del sector". El gobierno estima una incorporación anual media de 35 operadoras, lo que permitirá recaudar 52.500 euros y eleva la cifra total hasta los 1,52 millones de euros.
MULTIPLICA POR 10 LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN.
Según los cálculos del Gobierno, 234 de los 450 operadores privados son personas físicas o jurídicas sin empleados y cuya facturación es inferior a los 50.000 euros, por lo que están exentos de la tasa del 1,5%.
Además, los operadores deberán contribuir a la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal a través de la tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, cuya cuantía se multiplica por diez, pasando de 50 a 500 euros, que el Gobierno justifica por las "nuevas obligaciones" de la Comisión y que se trata de una cantidad "promedio" entre las que se cobran en Alemania (700 euros) o Portugal (1.500 euros).
