Amnistía Internacional pide reformar la Constitución para dar la máxima protección al derecho a la vivienda

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha pedido reformar la Constitución española para dar la máxima protección a los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda adecuada. A su juicio, la desprotección de este ha generado "la situación de indefensión frente a los desalojos en la que se encuentran cientos de miles de personas en España".

En este sentido, ha destacado que este derecho "no ha sido considerado fundamental por la Constitución, no ha sido regulado como un derecho humano, no ha tenido garantías de protección efectivas para exigirlo, como la posibilidad de plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y como consecuencia, ha quedado expuesto a sufrir vulneraciones".

Junto a la reforma constitucional, Amnistía Internacional ha apostado por la adopción de medidas legislativas "pertinentes" para garantizar un "nivel de protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos" a estos derechos económicos, sociales y culturales; así como por la aprobación de legislación que prohíba los desalojos forzosos y detalle "las salvaguardias" de derechos humanos que, tanto el Estado como las entidades privadas, deben de respetar a la hora de llevar a cabo los desahucios.

Asimismo, la organización ha reclamado que, a corto plazo, se reforme "la legislación que pueda menoscabar el acceso y disfrute del derecho a una vivienda adecuada" y se garantice la participación de las personas afectadas, sus organizaciones y todos los grupos con representación parlamentaria en el diseño de nuevas medidas.

Además, ha defendido la necesidad de que estas sean "de naturaleza imperativa, no voluntaria" porque, a su juicio, el Estado "no puede incumplir su obligación de proteger los derechos humanos, dejando a la discreccionalidad de los agentes económicos el cumplimiento de estas medidas". También ha incidido en que la Justicia debe aplicar las normas internacionales de derecho a la vivienda y desarrollar "interpretaciones que aseguren la eficacia en la realización de este".

En relación con las personas que han sido "desalojadas" por impago de la hipoteca o del alquiler, Amnistía Internacional ha solicitado que se analicen "los impactos sufridos" por estas, que se estudie su "situación habitacional actual" y que se adopten "medidas de rendición de cuentas" si son "necesarias". En esta línea, ha abogado por impulsar "medidas urgentes para aumentar la disponibilidad de opciones de vivienda adecuada" para estas personas.