El Gobierno investiga a más organizaciones humanitarias a las que también podría expulsar
JARTUM, 6 Mar. (Reuters/EP) -
Miles de sudaneses se manifestaron hoy por tercer día consecutivo en Jartum en contra de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur. Entretanto, las ONG y los organismos humanitarios han advertido de que su salida ordenada por Jartum podría provocar nuevos conflictos y, pese a ello, el Gobierno investiga a más organizaciones a las que también podría expulsar.
Es el tercer día que los sudaneses salen a la calle para protestar por la decisión del TPI. Al grito de "abajo con Estados Unidos" y "abajo con el TPI", más de 2.000 personas se concentraron ante la sede de la Comisión Europea en la capital de Sudán. También se han producido manifestaciones en mezquitas de otras partes de la ciudad, siempre con el respaldo de clérigos religiosos, que encabezaban las protestas con sermones contra la actuación del tribunal.
La Sala I del TPI decidió el miércoles pasado emitir la orden de arresto contra Al Bashir por un total de siete cargos, cinco por crímenes contra la Humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación) y dos por crímenes de guerra por dirigir intencionadamente ataques contra población civil o civiles que no participaban directamente en las hostilidades, y por saqueo.
En respuesta, el Gobierno sudanés se ha negado a reconocer la competencia del TPI y ha expulsado a trece organizaciones humanitarias a las que acusa de facilitar información al tribunal de La Haya, algo que las ONG han negado.
RIESGO DE NUEVOS CONFLICTOS
Las organizaciones de ayuda humanitaria advirtieron de que la decisión del Gobierno de Sudán podría generar nuevos conflictos en algunas regiones fronterizas productoras de petróleo especialmente inestables donde cientos de miles de personas dejarán de recibir asistencia, como Abyei, Kordofán Sur y Nilo Azul, a lo largo de la frontera entre el norte y el sur del país.
En estas áreas se produjeron algunos de los combates más duros durante la guerra civil entre el norte y el sur que finalizó con el Acuerdo de Paz Integral de 2005.
"El impacto de las expulsiones va mucho más allá de Darfur", dijo desde el anonimato un responsable humanitario extranjero que trabaja en Jartum. Las ONG "han sido expulsadas de algunas de las zonas más devastadas por las guerras, zonas donde la gente no tiene absolutamente nada. El riesgo de un nuevo conflicto en estas áreas es real", agregó.
PROYECTOS PARALIZADOS
Otro responsable humanitario denunció, también bajo la condición de mantener su anonimato, que las expulsiones han afectado a importantes proyectos diseñados para apoyar el acuerdo de paz de 2005. "Estamos hablando de grandes proyectos con grandes presupuestos: puentes, reconstrucciones importantes que ahora están en peligro. Se supone que todos ellos iban a fortalecer el Acuerdo de Paz Integral", explicó.
La decisión del Gobierno sudanés ha afectado a tres de las mayores organizaciones que trabajan en Abyei, localidad que se disputan el norte y el sur del país: Mercy Corp, la sección estadounidense de Save the Children y PADCO, una empresa humanitaria subcontratada que está reconstruyendo una gran parte de la localidad.
Save the Children --cuya sección británica tampoco podrá continuar su labor en Sudán-- afirmó que su trabajo en Kordofan Sur, Abyei y otras zonas de Sudán, incluida Darfur, se verá resentido. "Si nos vemos obligamos a detener nuestra actividad, las vidas de cientos de miles de niños podrían peligrar", señaló en un comunicado la secretaria general internacional de la ONG, Charlotte Petri.
En Darfur preocupa sobre todo que se pueda paralizar la distribución de alimentos de emergencia, que llevan a cabo algunos de los grupos expulsados, como es el caso de la ONG estadounidense Care.
Oxfam, por su parte, aseveró que sus programas, que cubren las necesidades de agua, higiene y educación de la población de Darfur y del este de Sudán, se colapsarán dentro de unas semanas si no se permite que sus trabajadores retomen su labor.
"Cuando se echa a aproximadamente doce de las organizaciones más grandes, uno se pregunta cómo van a arreglárselas sin la comida, los medicamentos y la asistencia que han estado recibiendo", manifestó el portavoz Alun McDonald.
SUDÁN INCUMPLE SUS DEBERES
El jefe de la Comisión de Ayuda Humanitaria de Sudán, Hassabo Mohamed Abd el Rahman, declaró el miércoles pasado a Reuters que los civiles no resultarán afectados porque el trabajo de las agencias expulsadas lo asumirá el Gobierno y los demás grupos humanitarios. A las ONG que trabajan en el sur del país no se les han retirado sus licencias.
Sin embargo, un portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, consideró que "castigar a los civiles por una decisión del TPI es una grave negligencia en el cumplimiento del deber del Gobierno de proteger a su pueblo".
"Privar de forma consciente y deliberada a un grupo tan grande de civiles de sus medios de supervivencia es un acto deplorable. La asistencia humanitaria no tiene nada que ver con los procedimientos del TPI", subrayó, según informa el Centro de Noticias de la ONU.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, pidió ayer a Al Bashir que reconsidere su postura y le recordó que las ONG ayudan a 4,7 millones de sudaneses, de los cuales 2,7 millones son desplazados que, en su mayoría, viven en campos de refugiados.
Un portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Ron Redmond, pronosticó que ahora los desplazados buscarán ayuda en otros lugares; por ejemplo, en Chad, donde ACNUR y otras organizaciones ya atienden a un gran número de personas.
DURO TRABAJO PARA LOS QUE SE QUEDAN
Las ONG y las agencias de la ONU que se quedan en Sudán se enfrentan ahora un panorama complicado. Según la portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Elisabeth Byrs, las trece organizaciones humanitarias expulsadas facilitan la mitad de la ayuda que recibe la población de Darfur. En esta región trabajan 76 ONG.
Las agencias de Naciones Unidas han asegurado que les resultará casi imposible llevar a cabo sus actividades sin la ayuda de ONG como Oxfam, Care International, International Rescue Committee o Save the Children. La decisión de Jartum afecta a unos 6.500 cooperantes.
Byrs precisó en rueda de prensa que la salida de las trece ONG dejará a 1,1 millones de personas sin comida, a 1,5 millones sin atención medica y a más de un millón sin agua potable. "Exigirá mucho, mucho esfuerzo, tanto por parte de las organizaciones humanitarias que se quedan como para el Gobierno de Sudán, llenar ese vacío", admitió.
LAS AUTORIDADES CUMPLEN SUS AMENAZAS
Las autoridades sudanesas, impasibles ante las críticas, están cumpliendo sus amenazas. Así, un portavoz de Oxfam Internacional, Francisco Yermo, denunció que su rama de Reino Unido, que trabaja en Norte de Sudán, está siendo investigada y se están confiscando sus equipos y activos.
Además, el jefe de la Comisión de Asuntos Humanitarios de Sudán afirmó que las autoridades están investigando a otras organizaciones a las que consideran sospechosas de colaborar con el TPI. "Si encontramos pruebas, las echaremos", declaró a la agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
Rahman no detalló los nombres de las ONG investigadas, pero señaló que no han trabajado sólo en Darfur sino "en todo Sudán". "Cooperaron con el TPI, algunos fabricaron información para el TPI sobre el genocidio", insistió.
