MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Ione Belarra, ha acordado este jueves con las comunidades autónomas el reparto de 200 millones de euros para que pongan en marcha medidas de protección social, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Se trata de los créditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 para la protección de la familia, la atención a la pobreza infantil y para las prestaciones básicas de los servicios sociales.
Este año, se destina a esta partida una cantidad de 198,7 millones de euros, lo que supone un aumento de más de 39 millones de euros, una subida que, según destaca el Ministerio de Derechos Sociales, va a permitir "reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales, lograr una mayor cobertura en los programas de apoyo a las familias y lucha contra la pobreza infantil y articular con más recursos una mejor respuesta a estas situaciones".
En concreto, 50 millones de euros se destinan a programas de protección a la familia y para la atención a la pobreza infantil, lo que supone un incremento de 5 millones con respecto a 2021; y 15 millones, al Programa VECA --para asegurar programas de ocio educativo en las vacaciones de verano para los niños en situación de vulnerabilidad--.
Una de las novedades para este año ha sido el reparto de los fondos destinados al despliegue de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
En concreto, se reparten 25 millones para reforzar los Equipos de Atención a la Infancia y la Familia en los servicios sociales de atención primaria, en ejecución de lo previsto en dicha ley.
Según señala el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el incremento de la aportación del Ministerio a cada comunidad autónoma o ciudad autónoma se debe destinar, al menos un 20%, a incrementar plantillas del personal de referencia de los servicios sociales de atención primaria.
Además, de los 198,7 millones de euros, un total de 108,7 millones se dirigen a prestaciones básicas de servicios sociales, lo que representa un incremento de 9,8 millones de euros.
Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las CCAA han aprobado el reparto del crédito del Plan de Desarrollo Gitano que recoge una asignación de 2 millones de euros, 500.000 euros más que el año anterior.
Finalmente, se han aprobado los criterios de reparto del programa de lucha contra la privación material del Fondo Social Europeo Plus. La cuantía con la que va a contar este programa será de unos 563 millones de euros. Para su reparto, se ha considerado principalmente el criterio de la población que se encuentra en una situación de privación material severa.
