BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha intervenido desde 2003 en 223 casos por existir riesgo de ablación femenina, produciéndose un aumento en los casos de intervención desde ese año hasta 2007, según informó la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, durante la presentación de la segunda edición del Protocolo de actuaciones para prevenir la mutilación genital.
Estas intervenciones no significan que se haya producido o evitado la mutilación genital femenina, sino que la Generalitat, a través de diversos departamentos e instrumentos, ha realizado desde labores de información y sensibilización en el núcleo familiar hasta la denuncia ante los juzgados en el caso de riesgo inminente. Capdevila aseguró que hasta el momento "no hay ninguna condena" por estos hechos en Catalunya.
Por años, la Generalitat intervino durante 2003 en 20 casos; en 2004, en 30; en 2005, en 50; en 2006, en 55; y en 2007, en 68. La consellera informó que en dos casos --uno en Premià de Mar y otro en Cervera (Lleida)-- fue necesaria la retirada cautelar de la tutela a los padres.
La mutilación genital femenina se practica en distintos grados en varios países de África en diversos grados. Algunos de los países donde se realiza esta práctica son Mauritania, Mali, Níger, Chad o Kenia, entre otros, --grado I y II-- y Sudan, Somalia y Djibouti --grado III--.
La segunda edición del protocolo nace después de que se hayan producido diversos cambios en el marco normativo que, según Capdevila, han cambiado las respuestas a dar cuando se detecta una situación de riesgo por mutilación genital femenina y en el marco del Día mundial contra esta práctica, que se conmemora mañana.
DELITO PENAL EN ESPAÑA.
La primera edición se puso en funcionamiento en 2002, después de que el 20 de junio de 2001 el Parlament aprobara una resolución sobre la adopción de medidas para prevenir la práctica de la ablación. Desde entonces, ha habido una modificación del Código Penal --artículo 149.2-- a través de la cual el código penal se considera un delito y tiene penas de seis a 12 años de cárcel.
Además, también se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto al aspecto de territorialidad, por lo que desde 2005 se pueden perseguir los casos de ablación ocurridos fuera de Catalunya. Capdevila informó que la futura ley contra la violencia machista también recoge medidas para prevenir esta práctica, así como la futura Ley de la infancia.
El documento ha sido elaborado conjuntamente por las consellerias de Acción Social y Ciudadanía; Educación; Interior, Relaciones Institucionales y Ciudadanía y Salud, así como con la participación de miembros de asociaciones que trabajan en el ámbito de la prevención.
El protocolo pretende ser un instrumento de trabajo, asesoramiento y de información "ágil y útil" para establecer el circuito de actuaciones a seguir por parte de todos los estamentos cuando detectan un caso de riesgo. En caso de consumación, también contempla el apoyo psicológico y la posibilidad de intervención quirúrgica para la restitución.
La secretaria de Infancia y Adolescencia, Inma Pérez, informó que la ablación está relacionada con la tradición de diversas etnias y comunidades y con el objetivo del control de la sexualidad y el fomento de la castidad, entre otras razones. Capdevila puntualizó que a menudo se relaciona con la religión pero que, en realidad, su origen es mucho más antiguo y está "más unida a conceptos culturales".
ACTUACIÓN JUDICIAL, ÚLTIMO RECURSO.
El documento establece tres fases de intervención, empezando por la información y la formación de los profesionales y las familias, pasando en segundo lugar a trabajar las situaciones de riesgo y, en tercer lugar, a través de la denuncia ante los juzgados o la Fiscalía cuando existe la certeza de que el riesgo es inmimentente. Pérez puntualizó que el objetivo principal es la prevención y que "la última instancia" es acudir a la vía judicial, cuando las labores de prevención han fallado.
Mediante el protocolo, se pretende ofrecer a los profesionales implicados los conocimientos necesarios para abordar los casos, que las familias conozcan las consecuencias que conlleva esta práctica, incluidas las legales, promover la actuación de las mujeres africanas como "principales protagonistas" en el proceso de erradicación y tratar los casos con confidencialidad, entre otros.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
En julio de 2004, empezó a funcionar la Comisión de seguimiento del Protocolo, integrada por representantes de las consellerias implicadas y, en esta segunda edición, de entidades que trabajan en la prevención de la ablación.
El director de Inmigración, Oriol Amorós, explicó que los objetivos de futuro de esta comisión pasan por mantener el análisis de la situación en Catalunya, reforzar el trabajo con las entidades, conseguir equidad en la coordinación entre administraciones en todo el territorio catalán, hacer efectivo el trabajo en red, impulsar mesas de trabajo con entidades, "mejorar la comunicación" con los órganos judiciales y trabajar con los países de origen.
Según Amorós, el aumento de alertas de situaciones de riesgo es una "buena noticia" ya que quiere decir que la Generalitat cada vez llega a más casos. Destacó que en un primer momento la comunidad africana se concentraba en Girona, por lo que allí las actuaciones en este ámbito están más desarrolladas.
Añadió que este colectivo aún no ha completado el reagrupamiento familiar por lo que prevén un aumento del número de niñas africanas que lleguen en los próximos años a cualquier zona de Catalunya.
