MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido este miércoles al Gobierno ampliar hasta 2029 el plazo para revisar las medidas adoptadas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Según ha precisado, dicho plazo concluye el próximo 3 de septiembre.
Asimismo, ha expuesto que la revisión de las medidas adoptadas responde al mandato que reformó la legislación civil y procesal para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006. Como consecuencia de la reforma, ha indicado que desaparecieron la declaración judicial de incapacidad y la modificación judicial de la capacidad, "por tratarse de mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de Nueva York".
Igualmente, el CGPJ ha explicado que ha añadido a su solicitud al Gobierno un informe del Servicio de Inspección según el cual el plazo de tres años fijado por la ley resulta "insuficiente" para proceder a la revisión, bien a instancia de las personas interesadas o del Ministerio Fiscal bien de oficio, de todas las medidas que se hubiesen adoptado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.
En este sentido, ha agregado que de dicho informe se desprende que, a 31 de diciembre de 2023, se encontraban pendientes de revisar por los órganos judiciales (juzgados de primera instancia y juzgados de primera instancia e instrucción, especializados y no especializados) un total de 108.625 asuntos. Asimismo, se señala que, si no se adoptan medidas de refuerzo, el plazo adicional necesario para finalizar las revisiones pendientes sería de 4,9 años; en el caso de que sí se adoptaran, el plazo sería de 3,7 años.
Por este motivo, a propuesta del Foro Justicia y Discapacidad del CGPJ, que preside el vocal Juan Manuel Fernández, la comisión Permanente ha acordado instar al Gobierno para que impulse una reforma legislativa y amplíe el plazo inicial de tres años a cinco años más, que concluirían el 3 de septiembre de 2029.
El acuerdo se remitirá el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a las instituciones que integran el Foro Justicia y Discapacidad y a los delegados/as de discapacidad de Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.
