Actualizado 17/05/2018 18:49

El Congreso insta al Gobierno a elevar las penas a quienes usan drogas para cometer delitos sexuales

Manifestación en Madrid para protestar por la sentencia de La Manada
EUROPA PRESS

 MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Igualdad del Congreso ha instado este jueves 17 de mayo al Gobierno a que incremente las penas en el límite inferior para quienes hacen uso de drogas y otras sustancias psicoactivas para cometer delitos sexuales.

La proposición no ley, que ha sido impulsada por el PSOE, ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos y el grupo Mixto, mientras que el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha abstenido, alegando que el agravamiento de las penas "no es una verdadera solución al problema".

Según explica el PSOE, la sumisión química está recogida en el Código Penal, en el apartado de abusos sexuales y, se puede aplicar a estos casos el artículo 181 de esta norma, el mismo por el que se condenó a los cinco miembros de 'La Manada'.

Este artículo contempla penas de uno a tres años para quien "sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona". Pero precisa que, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.

Durante el debate de la iniciativa, la socialista Ángeés Álvarez ha afirmado que España no ha cumplido con las recomendaciones de la ONU, en las que sugiere al Estado que introduzcan en sus legislaciones "circunstancias agravantes en los casos en que se administren subrepticiamente sustancias psicoactivas para cometer una agresión sexual". Para ella, "urge" prevenir las agresiones sexuales, "que son el pan de cada día de las mujeres", así como mejorar las herramientas de apoyo a las víctimas y la educación afectivo sexual.

Desde el PP, la diputada Marta González, que ha negado ese incumplimiento, ha apuntado que es "conveniente" la revisión de los delitos sexuales --como está estudiando el Ejecutivo, ha añadido-- así como el agravamiento de las penas en algunos casos.

El iniciativa también pide "indicadores estadísticos" para medir el alcance del fenómeno, descubrir el 'modus operandi' de los que usan estos medios para atentar contra la libertad sexual e identificar las sustancias psicoactivas utilizadas así como incorporar a los boletines sobre criminalidad del Ministerio del Interior y los Boletines estadísticos de la Delegación del Gobierno para la Violencia los datos obtenidos. En este sentido, la diputada de Podemos Alicia Ramos ha denunciado que "no se conoce el alcance real" de este fenómeno que, a su juicio, es "cada vez mayor".

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Martín cree que el uso de sustancias para inhabilitar a las víctimas es "creciente": "Queda mucho por hacer en este tema", ha recalcado.

Del mismo modo, el texto de la proposición no de ley llama a fomentar una campaña para incentivar que las víctimas busquen asistencia y servicios de análisis a la mayor brevedad, así como a adoptar medidas para concienciar al público --segmentos más vulnerables, profesionales de la salud y administraciones-- acerca de la forma de actuar de los agresores y sobre los recursos que tienen las víctimas.

La Comisión de Igualdad de la Cámara baja también ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que Unidos Podemos pide al Gobierno una Ley específica que garantice los derechos de las mujeres víctimas de acoso sexual y, de este modo, cumpla con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) ratificado por España, que reconoce el acoso sexual como forma de violencia contra las mujeres además de doméstica.

Esta iniciativa, lanzada por Unidos Podemos para la erradicación del acoso sexual y por razón de género, ha sido apoyada por todos los grupos, excepto por el PP y PNV que se han abstenido. Además ha dado luz verde por unanimidad a otra proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a impulsar el liderazgo femenino a través de acciones que empoderen a las mujeres.

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