MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, defiende la necesidad de abordar la situación de un "modelo de residencias precarizado y privatizado". "Deberíamos estar hablando de parecernos más a los países nórdicos y apostar por un modelo de atención domiciliaria", ha afirmado.
Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el vicepresidente segundo en medio de un rifirrafe con PP y Vox por las residencias de mayores, durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, para dar cuenta del trabajo que ha llevado a cabo la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la crisis del COVID-19.
En el turno de portavoces, la diputada del PP Alicia García y la de Vox Reyes Romero han arremetido con dureza contra Iglesias por la situación de las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus y le han acusado de eludir su "responsabilidad" sobre estos centros que, a su juicio, se han convertido "en una cárcel y en una tumba colectiva".
Antes tales acusaciones, el vicepresidente de Derechos Sociales se ha remitido a las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, en las que calificaba "de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar ancianos de residencias a hospitales" y ha añadido que el consejero "lamentó que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su Consejería".
"La derivación (a hospitales) debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia. No es ético y posiblemente no sea legal. Si no era posible la derivación, habría que medicalizar las residencias, dije. O el residente va al hospital o el hospital va al residente", ha parafraseado Pablo Iglesias, para después agregar que un documento del Hospital Infanta Cristina "demuestra que había órdenes" del Gobierno de la Comunidad de Madrid "de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios".
En este sentido, el vicepresidente ha replicado a la diputada de Vox: "¿De quién es la responsabilidad, señoría? ¿De quién?". Iglesias ha agregado que el Ministerio de Sanidad dictó una orden en la que se facultaba a las comunidades autónomas, "en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o cada territorio concreto, atendiendo a principios de necesidad y proporcionalidad a intervenir los centros residenciales".
"Lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. ¿Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso, cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio Gobierno como de posiblemente ilegal?", ha aseverado, para instarles a "ayudar" porque en este tema "se ha hecho mucho daño".
La diputada de Vox ha respondido a Iglesias que el responsable de que las cosas no se hayan hecho bien en las residencias es suya desde que se declaró el estado de alarma, y ha asegurado que su partido quiere que "se depuren todas las responsabilidades", mientras que la parlamentaria del PP ha comentado que el Gobierno dictó las órdenes cuando las residencias "ya estaban colapsadas".
RECORTES DE MÁS DE 5.000 MILLONES
En su intervención inicial, ha defendido que, en la actualidad, es "un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012 han colocado" a las personas mayores "en una situación de enorme vulnerabilidad".
"La reconstrucción social y económica creo que debe incorporar ese consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas y con sueldos dignos", ha defendido Iglesias, quien ha recordado que el coronavirus "ha afectado con especial virulencia" a las personas que viven en residencias o centros de mayores.
El ministro ha desgranado las medidas adoptadas en esta materia, entre las que ha destacado la declaración de los servicios sociales como servicios esenciales; la declaración como prioritaria de la distribución de EPIs y test de diagnóstico entre residentes y personal de las residencias; la flexibilización de los criterios de contratación; o la aprobación del Fondo Social Extraordinario dotado con 300 millones de euros.
También ha puesto en valor a los trabajadores de los servicios sociales, que, desde su punto de vista, "están dando lo mejor de sí mismos en condiciones muy difíciles para proteger a las personas que
más lo necesitan". Así, ha asegurado que tienen "el reconocimiento" del Gobierno y del conjunto de la sociedad.
