VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Álava ha pedido una pena de 19 años de cárcel por un delito de asesinato para C.P., un hombre de 35 años que el 2 de abril de 2015 reconoció haber matado a cuchilladas a su esposa, M.A.P., en su domicilio familiar de Vitoria.
El asesinato de esta mujer, de 30 años de edad, se produjo en el piso en el que residía junto a su marido y sus tres hijos, menores de edad, en la calle Ricardo Buesa de la capital alavesa.
El escrito de la Fiscalía, que pide que el acusado indemnice con 320.000 euros a los hijos y familiares de la mujer, señala que la agresión mortal se produjo como consecuencia de una discusión entre C.P., de 35 años de edad, y su esposa.
La disputa se inició porque la mujer anunció a su marido que tenía la intención de divorciarse de él. Entonces, según el escrito de la Fiscalía, éste, "con ánimo de atentar contra la vida de su esposa, le asestó dos puñaladas en el cuello con un cuchillo".
Pese a ello, la mujer se resistió, y entonces --según la versión del Ministerio Público--, el acusado "sacó el cuchillo del cuello de su esposa produciéndose una herida a sí mismo en la mano derecha". La Fiscalía añade que C.P., al romperse el cuchillo que había empleado, cogió otro y asestó a su esposa una puñalada "mortal" en el pecho.
PIDIENDO AUXILIO
El relato de la Fiscalía indica que, cuando la mujer intentó pedir auxilio dirigiéndose hacia una ventana, el acusado la empujó para impedirlo, la tiró al suelo y "le colocó una toalla en la cabeza y un cojín en la cara para evitar que los vecinos pudieran oírle gritar". El escrito del Ministerio Público destaca que todo esto se produjo cuando los hijos del matrimonio, menores de edad, se encontraban en el piso.
Poco después de la agresión, el mismo 2 de abril de 2015, el acusado reconoció ante dos agentes de la Ertzaintza que encontró en la calle que había "matado" a su esposa.
La Fiscalía solicita una condena de 19 años de cárcel para C.P., al que reclama que se le retire la patria potestad sobre sus hijos. También solicita que, una vez excarcelado, se le impida acercarse a menos de 500 metros, por un periodo de diez años, a la familia de la víctima. El Ministerio Público atribuye al acusado un delito de asesinato con el agravante de parentesco y con el atenuante de confesión.
