MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha nombrado nueva directora general del Instituto de la Juventud a María Teresa Pérez Díaz, que ha sido diputada por Alicante de Unidas Podemos y ha trabajado como asesora en el equipo de Análisis Político, Estrategias y Marcos de la Secretaría General de Podemos; y a Santiago Yerga como director de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.
María Teresa Pérez Díaz nació en 1993 y es graduada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene un Máster propio de la Universidad Complutense en Política Mediática, con especialidad en 'Mapas y herramientas para una nueva cultura de ciudadanía' y Máster propio de la Universidad Rey Juan Carlos en Reporterismo de Televisión. Además, cuenta con certificación de Técnico en Comunicación de crisis por la Universidad Complutense.
En el ámbito público ha sido diputada nacional de Unidas Podemos por la circunscripción de Alicante en la XIII Legislatura del Congreso de los Diputados, y ha trabajado como asesora en el equipo de Análisis Político, Estrategias y Marcos de la Secretaría General de Podemos.
Como periodista, ha sido redactora en el departamento EFE TV y en la sección de Desayunos Informativos de la Agencia Europa Press. Además, trabajó como organizadora de eventos deportivos, culturales y de ocio en el Servicio de actividades residenciales de la Fundación Universidad Carlos III de Madrid.
También se ha aprobado el nombramiento de Santiago Antonio Yerga como director general de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, trabajó en diferentes ONG dedicadas a inmigración y la extranjería, combinándolo con la docencia.
Fue coordinador de Políticas Migratorias en la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, y posteriormente director adjunto del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración entre 2010 y 2011. Tras su paso por la Secretaría de Estado se reincorporó a su trabajo con entidades sociales del ámbito migratorio, hasta que en 2017 se incorporó como asesor en el Defensor del Pueblo de España.
