MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), aprobada este viernes por el Consejo de Ministros y también conocida como 'Ley Celaá', fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centro ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
Según el texto del proyecto de ley al que ha tenido acceso Europa Press, se establece este plazo para que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas" desarrolle "un plan para que en el plazo de diez años" logre ese objetivo de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
"Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios", se añade en la 'Ley Celaá'.
Esta medida es una de las enmiendas aprobadas por el Consejo Escolar que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha incorporado a su reforma de la ley educativa. En concreto, esta fue propuesta por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
UNA MEDIDA CUESTIONADA
La integración de los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios ha sido cuestionada desde algunos sectores. Ciudadanos puso en duda que el sistema educativo español esté preparado para eliminar los 477 centros de educación especial que hay en España, donde estudian más de 37.000 alumnos con discapacidad,
La formación naranja advirtió de que esta medida despierta la inquietud en un sector importante de las organizaciones que representan a personas con discapacidad y de familias por la falta de medios y de formación del profesorado de la red de centros ordinarios.
En concreto se referían a la Confederación Autismo España o a la Plataforma Educación Inclusiva Sí, que cuestionan que algunas comunidades autónomas puedan garantizar la educación especializada y la atención individualizada que los alumnos necesitan con este sistema. También señalan que hay niños con discapacidad intelectual que no están bien en los centros ordinarios porque su ritmo de aprendizaje es diferente y necesitan espacios más reducidos y atención más personalizada.
SIN TIEMPO PARA TRAMITARSE
Con la aprobación del proyecto de la 'Ley Celaá' este viernes en el Consejo de Ministros, el texto se enviará la próxima semana al Congreso de los Diputados, aunque la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril impedirá que haya tiempo para tramitarla.
La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha manifestado su esperanza de que el Congreso al menos pueda aprobar la toma en consideración de la ley. "Es la Mesa del Congreso la que ordena sus trabajos, y ojalá que se llegue a tiempo para eso", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha defendido la aprobación del proyecto de ley "por respeto a la gente" ha trabajado en los últimos meses en la elaboración del texto legislativo.
"Es un proyecto muy enriquecido por la comunidad educativa y muy respaldado", ha defendido la ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que al texto se han incorporado aportaciones de todas las comunidades autónomas "salvo de las gobernadas por el Partido Popular.
Celaá ha calificado este proyecto de ley como "imprescindible" por su propósito de derogar por completo la LOMCE aprobada por el Partido Popular en 2013 con la oposición de gran parte de la comunidad educativa. "Los efectos de la LOMCE son nocivos para el sistema educativo español", ha afirmado la ministra.
Según ha expuesto Celaá este viernes, la LOMCE "ha hecho descender el número de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en tres puntos y dos puntos en Bachillerato" desde su aprobación. "La LOMCE no conviene a la educación española y nos separaba del trabajo que viene haciendo la Unión Europea en relación a competencias educativas", ha añadido en alusión a la ley impulsada por José Ignacio Wert, ministro de Educación en el primer gobierno de Mariano Rajoy.
