MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un millar de personas con discapacidad intelectual han sido sometidas a esterilizaciones forzosas en la última década en España, en su mayoría mujeres, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Comité Estatal de Representación de las Personas con Discapacidad (CERMI), que señalan que sólo en 2016 se han registrado 140 casos. Acabar con esta práctica es una de las principales reivindicaciones del sector.
Después de que el Congreso aprobara esta semana la reforma de la Ley Electoral para permitir el voto a 100.000 personas con discapacidad intelectual, Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que reclama al Gobierno una reforma del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad.
A través de esta iniciativa, recogida por Europa Press, los de Albert Rivera quieren que España cumpla con las recomendaciones de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España en 2008. En este documento, se reclama a los países parte que tomen medidas contra la discriminación este colectivo en cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales.
En concreto, se llama a respetar su derecho a decidir libremente y de manera responsable sobre el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, así como a tener acceso a información y educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad.
"Los Estados Parte tomarán medidas efectiva a fin de asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás", apunta la convención.
Sin embargo, lo recogido en este artículo no tiene total vigencia en España, alerta Ciudadanos en esta iniciativa, en donde también apuntan que en el Código Penal, en su artículo 156, se permite esta práctica en el caso de personas que "de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento" y cuando se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.
"Que nuestro Estado siga permitiendo que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad por mitos tales como 'el bien de la familia', 'la incapacidad de las mujeres con discapacidad para ser madres' o 'por su bien', atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención, destaca la formación 'naranja' en el texto registrado.
EL GOBIERNO CONSULTARÁ CON EXPERTOS
Precisamente, esta semana la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, que el "espíritu es eliminar" la esterilización forzosa de las personas con discapacidad establecida en el Código Penal, pero ha abogado por crear una comisión de expertos que analice "todas las aristas" de este asunto.
Durante su primera comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, ha apuntado que este asunto debe alcanzar un consenso "similar" al de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad que se aprobará previsiblemente este jueves en el Pleno del Congreso.
Por ello, Lima ha avanzado que su departamento cree que lo primero debe ser la constitución de una comisión parlamentaria integrada por expertos, personas del ámbito de la Justicia, de la Sanidad y de la Igualdad, así como otros actores implicados, que analicen "la situación actual" de esta realidad.
