MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana podrían verse afectadas por los decretos legislativos que pretende aprobar el Gobierno de Perú, según aseguró hoy la directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de Perú (CAAAP), Adda Chuecas, quien afirmó que existe una necesidad de reformular la administración de los recursos naturales, su relación con el medio ambiente y el beneficio que dejan a las comunidades indígenas y al país.
Chuecas, poniendo como ejemplo uno de los decretos, explicó que, entre las nuevas medidas que legislan sobre el régimen de propiedad y uso de la tierra, se acepta que los bosques se conviertan en zonas agrícolas y se considera de propiedad del Estado todas las tierras abandonadas, una situación que crea un problema por la forma de cultivo de las comunidades indígenas que, después de labrar una zona, la dejan descansar por un tiempo.
Así, y en teoría, los bosques pertenecen al Estado y éste puede decidir sobre su uso o venta. Chuecas indicó que una de las razones que pueden estar detrás de estos nuevos decretos es la vasta extensión de territorio sujeto a exploración o explotación petrolífera. De este modo, indicó que el 78 por ciento de la Amazonía peruana está bajo contratos de exploración o explotación y más de 35 millones de hectáreas se encuentran en la actualidad en explotación, en comparación con las 5,5 millones de hectáreas de Brasil.
Chuecas también señaló la importancia que tiene la cuenca amazónica para "el futuro de la Humanidad", e indicó que este territorio --que comparten ocho países iberoamericanos-- produce casi el 50 por ciento del oxígeno necesario para la vida de todos los animales del Planeta (incluido el hombre), el 20 por ciento del agua dulce del mundo y contiene el 50 por ciento de los bosques tropicales existentes en todo el mundo.
Asimismo, resaltó los problemas que ha sufrido, entre ellos la deforestación de un 15 por ciento del total de su territorio y la consiguiente erosión del suelo, un hecho "irreversible". Los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas son la degradación ambiental, la escasez de recursos y la demanda cada vez mayor de los recursos naturales, como las maderas duras.
Chuecas también quiso especificar que el 63 por ciento de Perú es Amazonía, un territorio en el que viven 65 grupos étnicos divididos en doce grupos lingüísticos y que suman 400.000 personas. "Según el último censo, la población indígena total es de cuatro millones de personas entre indígenas y amazónicos", aseguró la directora de CAAAP, quien indicó que la mayor parte la componen los grupos de los quechua y los aymara.
"Los principales problemas a los que se enfrentan es la falta de acceso a los servicios sanitarios, la contaminación de los ríos, la tala ilegal y el incumplimiento por parte del Estado de Perú de los tratados internacionales", afirmó, y subrayó que también existe una falta de reconocimiento de las comunidades nativas. "El Estado peruano no sabe qué zonas se han concedido a los pueblos nativos, por lo que, en ocasiones, se superponen las concesiones estatales", cuando se dan permisos, por ejemplo, a las exploraciones petrolíferas.
DEROGACIÓN DE DECRETOS
Posteriormente, Chuecas pasó a explicar que, el año pasado, el Gobierno peruano desarrolló 101 decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio, y de estos decretos, al menos diez afectan directamente a los pueblos indígenas. Estos decretos, según Chuecas, "violan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puesto que éste establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se cambie la legislación".
Aunque seis de estos decretos ya han sido derogados, quedan pendientes de hacerlo otros cuatro, y revisar las modificaciones a otras tres normas legales. "La comisión formada en el Congreso concluyó que estos decretos violan los Derechos Humanos fundamentales de los indígenas y declaró estas normas inconstitucionales, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero el Gobierno no dio marcha atrás, sino que endureció el diálogo", lamentó Chuecas.
Por todo ello, la organización que dirige Chuecas pide una reforma constitucional para incorporar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de acuerdo con los tratados firmados por Perú, además de un marco jurídico para dar seguridad a estos pueblos nativos y una gestión y un aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios, como parte de un modelo de desarrollo sostenible y con la participación de las comunidades indígenas.
