El PP acusa al Gobierno de "precarizar" el sistema, al primar el número de evaluaciones y no la calidad

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Política Social en el Congreso de los Diputados, Miguel Barrachina, acusó este viernes al Gobierno de "precarizar" el Sistema Nacional de la Dependencia, al aprobar el nuevo reparto de los fondos del 'nivel acordado' de la ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que, a su juicio, "antepone el número de dependientes evaluados a la calidad de los servicios prestados".

Para el diputado 'popular', lo que el Ejecutivo ha probado hoy "es la consagración de un sistema que lo que hace es cambiar la financiación para que sean justamente las comunidades que, en lugar de llevar a los dependientes a residencias, los deja en casa --porque les dan muchísimo menos dinero--". "Esto supone el principio de una tendencia peligrosísima", apostilló, en declarciones a Europa Press.

Barrachina criticó, además, la interpretación de la vicepresidenta primar del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega sobre el nivel de implantación de la Ley, para precisar que "decir que hay casi 650.000 personas dependientes atendidas es una broma de mal gusto". En este sentido, el diputado explicó "lo que dicen las estadísticas del IMSERSO sobre número de 'beneficiarios' no quiere decir que estén recibiendo las ayudas, algo que en su día reconoció la anterior ministra Mercedes Cabrera"

Sobre los últimos datos presentados hoy por en el Consejo de Ministros, Barrachina dijo que "no tienen nada que ver son la realidad", asegurando que hay una lista de espera de 129.000 mayores y personas con discapacidad que han solicitado alguna prestación, pero todavía esperan ser baremados y dictaminados, "lo que corresponde con la denuncia de la OCU de que había una demora media de ocho meses".

"La norma es un fracaso estrepitoso porque la Ley ha pasado por tres ministros y tres ministerios en sólo 14 meses", denunció el portavoz, para concluir que todavía no se ha presentado en el Congreso ningún informe sobre el desarrollo de la ley "porque el Gobierno no puede, ni sabe, calcular cuánta gente hay atendida a día de hoy".