LONDRES, 4 Mar. (Reuters/EP) -
El presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, se enfrentará a la Justicia en el Tribunal Penal Internacional (TPI), de acuerdo con su presidente, el juez Sang Hyun Song, quien rechazó las críticas de quienes afirman que el trabajo del tribunal ha fracasado al no conseguir atraparle.
"Cuando se emitieron las órdenes de arresto contra Slobodan Milosevic y Charles Taylor, la gente se reía y afirmaba que era una broma, pero nos llevó menos de tres años sentarlos ante el tribunal", aseguró Song durante una visita a Londres. "El presidente Al Bashir será traído ante La Haya para enfrentar la Justicia", aseveró.
Al Bashir niega las acusaciones de crímenes de guerra y contra la Humanidad y afirma que cualquier dictamen que emita el TPI carece de valor. Según Naciones Unidas, los siete años de enfrentamientos en la región sudanesa de Darfur han dejado al menos 300.000 muertos.
Los fiscales del TPI afirman que Al Bashir "ideó y desarrolló" un plan para aniquilar tres grupos étnicos --fur, masalit y zaghawa-- y para ello utilizó una campaña de asesinato, violación y deportación. Es la primera orden que el TPI emitió para un jefe de Estado que aún permanece en su puesto.
Hablando durante un acto organizado por la Sociedad Henry Jackson, Song aseguró que el TPI ha tenido éxito a la hora de actuar como un elemento de disuasión para los déspotas en todo el mundo. "Algunos en la ONU me han dicho que se han dado cuenta de que las acciones judiciales han tenido un efecto disuasorio. Quizás aquellos que cometen atrocidades nos temen, y esto ya indica nuestro progreso", prosiguió Song.
Song también elogió al presidente estadounidense, Barack Obama, por adoptar una actitud más positiva hacia el TPI que su predecesor. "El Gobierno estadounidense ha terminado su postura antagónica hacia el TPI, y la frase clave que sus miembros utilizan es la 'implicación positiva' con nosotros", manifestó.
Estados Unidos aún tiene que ratificar el Estatuto de Roma de 1998, por el cual se estableció el TPI y que ha sido firmado por 60 países. El ex presidente estadounidense George W. Bush expresó sus preocupaciones de que pudieran comenzarse demandas contra los ciudadanos estadounidenses que viviesen en el extranjero.
