SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres de Alumnos Católicos (Confapa), Juan María del Pino, aseguró hoy que la nueva consejera de Educación, Teresa Jiménez, está "obligada" a modificar los contenidos de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), tras el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien ha declarado nulas distintas expresiones contenidas en las Órdenes de la Consejería de Educación por las que se desarrollan los currículos correspondientes a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria.
En declaraciones a Europa Press, Del Pino se mostró "profundamente satisfecho" con la decisión del TSJA, a la que consideró como "una victoria de las familias objetoras". Además, incidió en que dicho fallo deberá llevar a la "reflexión" a las entidades administrativas.
En esta línea, el presidente de Confapa consideró que, tanto los consejos escolares autonómicos como nacionales, tendrán que pronunciarse sobre esta cuestión. "Tal vez sea el momento político para lograr acuerdos que favorezcan a las familias católicas y que éstas no tengan que llegar hasta los más altos tribunales de esta nación para defender su libertad", añadió.
Asimismo, Del Pino subrayó que la organización que preside ha defendido desde sus inicios la objeción de conciencia ante esta asignatura "desde la más firme convicción de que nuestras tesis estaban suficientemente razonadas". Y es que, según resaltó, "simplemente reclamamos un ejercicio de libertad y defendemos que los hijos son de los padres y nunca de la Junta".
Por último, subrayó que Confapa "nunca" ha estado en contra de la asignatura como tal "sino de los contenidos ideológicos que querían introducir en las aulas sin contar con el consenso suficiente". "Educación para la Ciudadanía sí, pero no así", concluyó.
El fallo de la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que una vez que la resolución sea firme sea el propio Tribunal Supremo (TS) el que decida sobre "la cuestión de ilegalidad" de los Reales Decretos que afectan a la puesta en marcha de la asignatura.
