MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La identificación de las víctimas de la trata sigue siendo "una tarea pendiente", según han denunciado este martes expertos en el tema, con motivo de la presentación de la 'II Evaluación de impacto de víctimas de Trata 2006-2010: Recuperando derechos, progresando en dignidad' del Proyecto Esperanza, una obra de las Religiosas Adoratrices que ha apoyado a más de 630 mujeres desde 1999.
En concreto, el responsable de Formación de la organización, Antonio Rivas destaca que la mayoría de las mujeres atendidas por el proyecto fueron derivadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (67 por ciento). Por ello, reconoce la labor de la policía pero defiende que la sociedad civil debe ampliar su "visión". "Hay muy poca derivación desde agentes sociales, desde contactos, desde amigos. Todavía no sabemos mirar", añade.
Asimismo, el estudio señala que un 96,6 por ciento de las mujeres atendidas es víctima de la trata con fines de explotación sexual, aunque hay otras formas de explotación, como la del servicio doméstico (1,3 por ciento de los casos) o la que aparece en el marco de diversas relaciones laborales (0,4 por ciento), así como la que surge vinculada a algunos matrimonios (0,9 por ciento) o a la mendicidad (0,5 por ciento).
En relación con la edad, un tres por ciento de las mujeres es menor de 18 años; un 48 por ciento tiene entre 18 y 23 años; un 29 por ciento entre 24 y 29 años; un once por ciento entre 30 y 34 años; y un nueve por ciento es mayor de 35 años. En este punto, el estudio incide en que la aparición de menores ha pasado de ser "algo relativamente infrecuente" a ser "un campo de trabajo específico". Además, indica que las mujeres atendidas por casos de trata proceden de todos los continentes. "Yo no sé cuántos países tenemos que tener registrados para descubrir que esto te puede pasar a ti", asevera Rivas.
SITUACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL
Por otro lado, el informe hace referencia a la situación jurídica de estas mujeres, que, a juicio de Rivas, es "un área de mejora". De hecho, muestra que un 60,9 por ciento de las mujeres que entraron en contacto a través de los agentes públicos presenta denuncia, mientras que la proporción disminuye en el caso de las que contactaron directamente (44,4 por ciento) o lo hicieron a través de una ONG (44,4 por ciento). Además, Rivas apunta que muchas no denuncian por miedo a futuras represalias.
El trabajador del proyecto también alerta de que "muchas veces", cuando vienen derivadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las mujeres entienden que hay "una transacción" en la que se intercambian colaboración con la Justicia por derechos. "Y no es así, nosotros se lo vamos a dar todo gratis", explica.
En esta línea, el estudio muestra que un 90 por ciento de las entrevistadas realizó algún tipo de formación durante su paso por el proyecto. Así, cerca de un tercio realizó un taller de habilidades, casi un 70 por ciento estudió idiomas; un 10 por ciento recibió formación reglada (ESO, Grado Medio, Universidad); y la mayoría hizo algún curso orientado al empleo a través del programa FIP.
Tras su paso por el proyecto, un 36 por ciento de las mujeres entrevistas trabaja con contrato; un 23 por ciento está apuntada al paro; un 19 por ciento se halla sin trabajo; y un 19 por ciento está trabajando sin contrato. A pesar de ello, un 57 por ciento de ellas sigue mandando dinero a casa; al tiempo que un 65,9 por ciento no se plantea abandonar España porque, según subraya Rivas, en muchos casos "no tienen adonde retornar".
El estudio se basa en entrevistas en profundidad a 32 mujeres y un análisis estadístico de 1.023 registros validos contenidos en las bases de datos de gestión del Proyecto Esperanza, así como en varios grupos de trabajo, integrados tanto por mujeres atendidas por la organización como por profesionales de la misma. El trabajo ha contado con la ayuda de la psicóloga Cristina Cuenca y la pedagoga Mónica Gijón, que también han participado en la presentación del informe.
Durante el acto, también han intervenido Klara Skrivankova, de Slavery International, que ha valorado la aplicación del Convenio de Lucha contra la Trata en Reino Unido; y la asesora responsable del área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensora del Pueblo, Elena Arce, que ha expuesto las conclusiones de un trabajo sobre el tema del organismo; y varias representantes del Proyecto Esperanza y de la propia Congregación de Religiosas Adoratrices.
