MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha enviado una carta a los ministros de Interior y Justicia marroquíes para pedirles que dejen de cerrar "arbitrariamente" propiedades privadas por el mero hecho de que hayan sido utilizadas para reuniones "no autorizadas".
En un comunicado, HRW ha denunciado el cierre de dos viviendas propiedad de dos miembros, incluido el nuevo líder, del movimiento islamista Adl wal Ihsan (Justicia y Espiritualidad). Las casas han sido selladas por las autoridades durante siete años, por lo que sus dueños no podrán acceder a ellas ni mantenerlas, ha resaltado la ONG.
En un intercambio previo de misivas con la organización, las autoridades no aclararon el "fundamento jurídico" de estos cierres ni indicaron que las viviendas estuviesen relacionadas con delitos salvo la celebración de reuniones que, según la interpretación de la legislación hecha por las autoridades, requiere de una autorización previa.
El Gobierno de Marruecos ha cerrado "dos casas durante siete años simplemente porque fueron utilizadas para celebrar reuniones pacíficas no autorizadas", ha denunciado subdirector de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Joe Stork.
La Constitución de Marruecos de 2011 garantiza el derecho a la propiedad, a la libertad de asociación, y el acceso a la justicia para todas las personas a defender sus derechos, por tal motivo, HRW han pedido a las autoridades que devuelvan las viviendas a sus propietarios y que los compensen en caso de que, tras una investigación, se demuestre que los cierres han sido "injustificados".
Adl wal Ihsan se describe como una asociación legal bajo el amparo del derecho marroquí y ha alegado que las reuniones que se celebraron en dichas propiedades eran privadas y que "por tanto no requerían autorización previa". Por otro lado, según el comunicado, las autoridades no informaron a HRW de que Adl wal Ihsan fuese una organización legal.
La organización ha seguido el caso de uno de los dos propietarios que han perdido su vivienda, Lahcèn Atouani, natural de la ciudad de Bouarfa, en el este de Marruecos. Efectivamente, ha asegurado HRW, las autoridades han impedido a Atouani que emprenda cualquier recurso contra el cierre de su casa.
Aparte, el tribunal administrativo se ha negado a escuchar su apelación basándose simplemente en que la decisión de sellar su vivienda había sido tomada por las autoridades judiciales y no por las administrativas, por lo que éstas no tenían supuestamente competencia en este terreno.
