MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
"Voy al colegio hundida por el peso de los vecinos muertos". Encuentro este verso nada más abrir el informe 'Escuelas en crisis. Cómo proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia'. Lo peor del genocidio es el silencio, dice el poema, el silencio de las escuelas cerradas.
Su autora, Emtithal Mahmoud, una joven poeta y activista sudanesa que escapó del genocidio de Darfur y vive refugiada en los Estados Unidos, sigue creyendo que nada enjuaga mejor el dolor de una piel cansada que el Nilo y las manos de su abuela.
Leo el título, 'Gente como nosotros', y no puedo evitar pensar en mis hijos, dos de los ocho millones de escolares que estos días vuelven a las aulas en España, pero también en los 224 millones de niñas, niños y adolescentes (¡casi el 3% de la población mundial!) que viven en una crisis humanitaria y no tienen el regreso al colegio garantizado.
Desde la ONG Entreculturas, como cada comienzo de curso, lanzamos la campaña La Silla Roja para llamar la atención sobre la importancia de la educación.
Bajo el lema "Dejadnos aprender en paz", este año reivindicamos la necesidad de que los Estados y la Comunidad Internacional tomen medidas para que el derecho a la educación no se interrumpa en situaciones de emergencia.
Porque la realidad es bien distinta. Cuando Estados frágiles se enfrentan a policrisis en las que interaccionan el cambio climático, los desastres naturales, las violencias, los conflictos armados y los desplazamientos forzosos, el derecho a la educación es el primero en perderse y el último en recuperarse.
Miremos un momento hacia África, donde vive el 97,3% de la infancia y la juventud sin escolarizar del mundo. Desde 2009 la violencia ha dejado en Nigeria 1.400 escuelas destruidas y 2.295 docentes asesinados. En Somalia la sequía pondrá a 1,4 millones de niños y niñas en riesgo de desnutrición severa. Y sólo en abril de 2023 llegaron a Etiopía 91.000 personas desplazadas forzosas, de las cuales 3.400 eran niños y niñas no acompañados.
En Maban (Sudán del Sur), Thomas Liwa, activista comunitario por el derecho a la educación y colaborador del Jesuit Refugee Service, nos habla de las consecuencias de las últimas inundaciones, un fenómeno extremo que se lleva repitiendo cuatro años consecutivos. "Cuando las escuelas volvieron a abrir la asistencia a clase fue muy escasa ya que el estudiantado carecía de material escolar y perdió el interés debido a la larga estancia sin clases. Muchas de las alumnas quedaron embarazadas y se casaron".
Y es que los matrimonios forzados aumentan en situaciones de emergencia con consecuencias desastrosas para la educación, como nos cuenta Hapsa, participante en el Programa La LUZ de las NIÑAS de Entreculturas en Chad: "El problema es que cuando una niña es aún pequeña y la obligan a casarse, el hombre, su marido, decide que no puede ir a la escuela".
Todo se agrava cuando hablamos de conflictos armados. Askan Nyaundi, Subdirectora de una escuela secundaria en el campo de personas refugiadas de Kakuma (Kenia), se muestra preocupada por la calidad de la educación que reciben los niños y niñas supervivientes. "Todos estos niños están afectados por la guerra y los traumas. En este centro tenemos muchos niños que solían ser soldados. Si la educación es de calidad los padres estarán más dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela, lo valorarán más".
En Colombia, Sabrina Burgos, Directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública en Fe y Alegría, apuesta por la educación como herramienta para "romper el silencio ante la magnitud de un conflicto que afectó directamente a más de nueve millones de personas a quiénes les fue arrebatado, entre otros, el derecho a la educación".
"La guerra es capaz de dañar todo lo que toca", añade. Desde el corazón de Europa, una vez más, hemos podido comprobarlo. En Ucrania 3.500 escuelas han sido dañadas o destruidas y 5,7 millones de niños y niñas han tenido que dejar las clases. Conviene recordarlo ya que el pasado 9 de septiembre conmemoramos el Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques.
También la crisis climática ha incrementado la vulnerabilidad de los sistemas educativos. El aumento de las temperaturas y los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extremos o por la subida del nivel del mar ponen en peligro las infraestructuras escolares y la subsistencia de las familias.
Maricris Cabrera tiene cuatro hijos y antes del tifón Yolanda, en Filipinas, su casa era una infravivienda situada en un asentamiento sobre el mar. "Es difícil ganarse la vida, los hábitats de los peces están destruidos, no crecen y solo quedan unos pocos. Los pescadores y los vendedores no ganan lo suficiente. La gente está destrozando el medio ambiente y como consecuencia estamos en peligro cuando hay un desastre como un tifón".
Maricris y su familia han podido desplazarse hacia el centro de la isla, acceder a una vivienda segura y escolarizar a sus hijos gracias a un proyecto de la Red Xavier, de la cual Entreculturas forma parte. Ahora espera que su hija mayor se gradúe y vaya a la universidad. Pero esto no es suficiente. Necesitamos que existan mecanismos nacionales e internacionales para monitorear y denunciar las vulneraciones del derecho a la educación en situaciones de emergencia.
Necesitamos respeto y aplicación de las normas del derecho internacional humanitario, protección a los actores educativos y un currículo de paz y derechos humanos. Queremos que tanto la ciudadanía como los diputados y diputadas que habrán de elegir al gobierno sean conscientes de la necesidad de destinar el 0'7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo, según lo dispuesto en la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Y que se dedique a educación en emergencias al menos el 10% del presupuesto de Acción Humanitaria, para que los 224 millones de niños y niñas que viven en medio de una crisis no tengan que soportar, además, el silencio de las escuelas cerradas.
