ALJARAQUE (HUELVA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta en Huelva, Carmen Céspedes, ha visitado este jueves el Grupo de Convivencia Educativa 'El Faro', ubicado en el núcleo aljaraqueño de Corrales, donde los menores infractores cumplen medidas judiciales para aprender a respetar normas y a coexistir en sociedad y con sus familias de origen. Céspedes ha destacado el trabajo de los profesionales de este recurso al que los jueces suelen derivar a jóvenes implicados en casos de violencia filio-parental.
Según ha indicado la Junta en una nota, el Grupo Educativo de Convivencia es una de las medidas no privativas de libertad que pueden imponer los jueces de menores para que durante un tiempo vivan en un entorno en el que, junto a un equipo de profesionales, aprendan normas y pautas de coexistencia con el fin de cambiar su forma de relacionarse en sociedad y que cuando terminen de cumplir la medida puedan volver a convivir con su entorno.
Céspedes ha explicado que es una de las medidas más utilizadas por los jueces en el caso de menores infractores que ejercen la violencia contra sus progenitores, cuyo perfil es el de "varones entre 14 y 17 años, generalmente sin antecedentes delictivos o que han cometido delitos leves junto a un inicio precoz en el consumo de sustancias tóxicas".
Además, son menores que suelen presentar una trayectoria con un elevado absentismo y fracaso escolar. Durante el cumplimiento de la medida judicial, se trabaja con ellos para que retomen los estudios con apoyo, además de realizar una intervención integral con ellos y con sus familiares.
Al tratarse de una medida de medio abierto, gran parte de las actividades se desarrollan en colaboración y coordinación con los recursos del entorno social. "Se trata de trabajar con estos jóvenes en su reeducación", ha señalado la delegada durante su visita, en la que ha agradecido a los profesionales de 'El Faro' su labor.
Este Grupo Educativo de Convivencia, gestionado por la asociación Ginso, cuenta con ocho plazas masculinas. Entre 2021 y 2022 han pasado por este recurso un total de 27 jóvenes para cumplir medidas judiciales.
