SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el documento, el Ejecutivo andaluz subraya la apuesta por la inclusión de este colectivo mediante la promoción de la accesibilidad universal, entendida como condición indispensable para el efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía de estas personas según recoge la Convención Internacional de 2006 ratificada por España.
La declaración destaca la mayor discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, por lo que insta a todos los poderes públicos y agentes sociales a trabajar para eliminar las diferencias y las desigualdades de género que aún persisten mediante una lucha colectiva.
El texto llama la atención sobre la necesidad de mejorar la imagen social de las personas con discapacidad desde todos los ámbitos y los medios de comunicación especialmente con el objetivo de ofrecer una representación positiva, real, no estereotipada. En definitiva, mostrar a estas personas de forma global, con un proyecto de vida como cualquier otro ciudadano o ciudadana de pleno derecho.
El texto íntegro de la declaración institucional dice:
La Resolución 47/3 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad "con el propósito expreso de que en esta fecha se celebraran reuniones de diversa índole para llamar la atención acerca de la situación de las personas con discapacidad en relación con su calidad de vida, la salud, la educación, el trabajo, la recreación, el deporte, el disfrute del tiempo libre y el ejercicio de los derechos sociales, económicos, civiles, políticos y culturales de ellas".
El compromiso de los gobiernos del mundo facilitó la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, ratificada por España en 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008.
La Convención ha impulsado un cambio de paradigma en las políticas sobre discapacidad, consagrando el enfoque de derechos de las personas con discapacidad de modo que las considera sujetos titulares de los mismos, de manera que los poderes públicos estamos obligados a garantizar que el ejercicio de los mismos sea real, pleno y efectivo.
La aprobación de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, supone la adaptación normativa a la Convención y define la discapacidad como la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en sociedad en igualdad de condiciones con las demás.
Por ello, desde la Junta de Andalucía promovemos la inclusión de las personas con discapacidad y su participación en igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, garantizando el ejercicio de sus derechos a más de 580.000 personas en toda Andalucía, que representan un 6,8% de la población andaluza en 2019.
Conscientes de que las mujeres con discapacidad sufren situaciones de mayor discriminación, debemos seguir trabajando por parte de los poderes públicos y todos los agentes sociales para eliminar las diferencias y las desigualdades de género que aún persisten. Es una lucha colectiva.
El camino hacia la igualdad pasa por mejorar la imagen social de las personas con discapacidad en general y de las mujeres con discapacidad en particular.
Desde todos los ámbitos y los medios de comunicación especialmente, debemos ofrecer una imagen positiva, real, no estereotipada, incluyendo las actitudes negativas objeto de denuncia. Debemos mostrar a las personas con discapacidad de forma global, con un proyecto de vida como cualquier otro ciudadano o ciudadana de pleno derecho.
Asimismo, es necesario promover aún más la autonomía en el medio habitual de la persona y en todos los ámbitos de la vida; ofrecer una atención social que tenga en cuenta sus preferencias; y acompañarles y apoyarles para que puedan ser responsables en sus elecciones y decisiones siendo protagonistas de sus propias vidas.
Para ello, seguimos trabajando por la accesibilidad universal que entendemos como condición sine qua non para el efectivo ejercicio de los derechos de ciudadanía.
La accesibilidad universal nos permite alcanzar y utilizar el espacio, acceder a los servicios, a la educación y formación posterior, a un puesto de trabajo, al ocio y a la cultura, así como también poder comprender la información que nos rodea.
Por lo que debemos garantizar entornos accesibles y comprensibles.
Debemos seguir mejorando los programas e iniciativas de inserción social y laboral de las personas con discapacidad, ya que siguen encontrando barreras que dificultan el acceso a un puesto de trabajo y al mantenimiento en el empleo.
En este día, reivindicamos a todos los poderes públicos y agentes sociales que la discapacidad esté permanentemente presente en las agendas para garantizar los derechos de ciudadanía que asisten a todas las personas con discapacidad. Y ello lo hagamos de la mano de las entidades que representan a estas personas y sus familias, de modo que construyamos pueblos y ciudades más justas e inclusivas para quienes las habitan, sin dejar a nadie atrás.
